Ence confirma que desviará a Navia la producción e inversión prevista para Pontevedra

El consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares, afirmó hoy ante la Junta General de Accionistas de la compañía que seguirán defendiendo los derechos de la empresa ante la decisión de la Administración de no defender la legalidad de la prórroga de la concesión obtenida para su fábrica de Pontevedra. "Haremos ver que la biofábrica de Pontevedra es un activo de Ence y también de toda Galicia", dado que son unos "recursos imprescindibles para cinco mil familias".

Colmenares mostró ante los accionistas su convencimiento de que la "razón jurídica nos asiste" en los tres pleitos planteados por la APDR, Greenpeace y el Concello de Pontevedra", no obstante, en la junta se reconoció que el allanamiento por parte del Estado en estas tres demandas de manera "sorpresiva" y contraria a la posición que había mantenido hasta el momento, hace que la situación procesal de Ence "empeore".

En este sentido, Colmenares confirmó a los accionistas y posteriormente a la prensa que, de darse el peor escenario previsto para Ence en Pontevedra, que sería la anulación de la concesión, la solidez que muestra actualmente la empresa les permitiría mantener los objetivos que se recogen en su plan estratégico 2019-2023. Para ello no modificarán los objetivos de este plan, pero sí reconoce que lo van a "reorientar". Así de los 600 millones de euros previstos de inversión para incrementar el negocio de la celulosa en 200.000 toneladas en los próximos cuatro años, tan solo se mantendrán para este ejercicio los 50 millones ya comprometidos en actuaciones en Pontevedra. El resto de la inversión, es decir 550 millones, se destinaranán de forma íntegra a la fábrica asturiana, en donde centrarán la ampliación de producción prevista hasta 2023. Asimismo, si se anula la prórroga exigirán las responsabilidades patrimoniales y personales pertinentes al Gobierno.

A preguntas de los accionistas sobre la posible inversión en una nueva fábrica o en el traslado de la actual de darse un eventual cierre de la de Pontevedra, Colmenares fue claro: Aseguró que tomarán una decisión basándose exclusivamente en "criterios económicos". "La madera en Galicia no es barata y la mano de obra tampoco" por lo que se mostró convencido de que "no vamos a invertir en Galicia sino fuera de España en un país que nos dé seguridad jurídica", manisfestó. Del traslado volvió a manifestar que es una "quimera", inviable al no haber en Galicia otras posibles ubicaciones para la pastera.