La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez no retiró la prórroga a Ence en Pontevedra, sino que se limitó a cumplir la legalidad, tras conocer un informe en el que se decía que la ampliación de 60 años, concedida en enero de 2016 al fabricante de pasta de papel por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para mantener su actividad industrial en la ría de Pontevedra, era ilegal.

"Nosotros nos retiramos simplemente porque hay un informe de la Abogacía del Estado que lo que nos dice es que la prórroga era ilegal y, por lo tanto, lo único que hicimos fue cumplir la ley", argumentó la ministra en una entrevista concedida a la Radio Galega. Ante esta afirmación, ayer el comité de empresa de la pastera dió a conocer otro informe de 2015 de la misma Abogacía del Estado en el que se consideraba conforme a derecho la concesión de la prórroga.

El pasado mes de marzo, la Abogacía del Estado comunicó a la Audiencia Nacional que desiste de continuar con la defensa de la prórroga de 60 años, por lo que solicitó al organismo judicial que, tras los trámites oportunos, dicte sentencia de conformidad en los términos que piden los demandantes, es decir, que se anule la prórroga.

Al respecto, la ministra asegura que desde el primer momento, desde que se tomó esa decisión, "nos pusimos a trabajar con la empresa y con los trabajadores, los sindicatos, para darle una solución a este problema".

Trabajadores

Por su parte, los representantes de los trabajadores informaron ayer de que la Abogacía del Estado emitió un informe, con fecha del 24 de noviembre del 2015, favorable a la prórroga de la concesión de la fábrica de Ence en Pontevedra por ser esta "conforme a derecho". La dirección de la compañía pastera puso el documento a disposición de los miembros de los comités de empresa.

Este informe previo sobre la legalidad de prorrogar hasta 2073 la concesión de los terrenos que ocupa la fábrica de Lourizán, contradice el argumento esgrimido un día antes por parte del director de gabinete de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, Ismael Aznar, ante los representantes de los trabajadores.

Según expusieron los presidentes de los comités de empresa de la fábrica, Ignacio Acuña y de las oficinas centrales de Ence, Ana Cedeira, este portavoz del Ministerio de Transición Ecológica les dijo que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy concedió la prórroga sin informe jurídico previo de la Abogacía del Estado.

Posteriormente, cuando este se emitió, señalaron, fue negativo al criterio aplicado para prorrogar la presencia de la fábrica en Lourizán, razón por la que el Gobierno de Pedro Sánchez decidió no defender la prórroga ante la Audiencia Nacional.

"Uso electoralista"

Los presidentes de los comités de empresa han lamentado el "uso electoralista" que se hace de la fábrica de Ence y han expresado su intención de personarse en las causas abiertas contra la prórroga de la concesión de la factoría, como parte afectada para defender sus puestos de trabajo y también para poder contar con información de primera mano.

"Sí hay una consulta previa, sí había informe previo", subrayó el presidente del comité de empresa, quien rechazó además que la nueva decisión del Gobierno no sea una "maniobra electoralista".

En el ministerio les indicaron también que el problema con la fábrica no es ambiental sino de interpretación jurídica de la legalidad y reiteran que no hay ninguna alternativa viable para su traslado.

Sobre este argumento basan la defensa de la prórroga en los tribunales de justicia, que prevén iniciar. "Los jueces que tengan que decidir van a saber que detrás hay 400 familias y miles de puestos de trabajo en peligro en toda Galicia", añaden los portavoces de la plantilla.

Según los datos del Ejecutivo gallego en Galicia son unas 80.000 familias las que venden su madera a Ence, una empresa de la que dependen unos 5.000 empleos, tanto directos como indirectos, por lo que desde la Xunta alertan del coste que supondría el cierre de la planta para la economía.