Desde que hace una semana trascendiera el allanamiento por parte de la Abogacía del Estado en el recurso planteado por el Concello y dos organizaciones ecologistas contra la prórroga de la concesión de Ence en Lourizán, los casi 400 trabajadores directos de la pastera siguen con preocupación la evolución de los acontecimientos.
En la jornada de ayer, el comité decidió pasar a la acción con una reunión en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar movilizaciones para defender la prórroga que se concedió a la pastera para permanecer en terrenos de Lourizán durante 60 años más. Con todo, el comité no quiso desvelar su propuesta definitiva hasta que hoy la traslade al conjunto de los trabajadores de la pastera en sendas asambleas que se celebrarán tanto por la mañana como por la tarde para que puedan participar en ellas los operarios de los distintos turnos.
Con todo, el presidente del comité de empresa de la factoría (Ence tiene también otro comité de oficinas), Ignacio Acuña, reconoció que sobre la mesa está la posibilidad de estas movilizaciones, aunque incidió en esperar a trasladar las acciones concretas a la plantilla. En cualquier caso, señaló que el objetivo sería "visibilizar la cantidad de gente que trabaja en esta planta y la cantidad de familias que tienen aquí su sustento", explicó Acuña.
En este sentido, en las últimas semanas desde el sector industrial y los propios trabajadores insisten en señalar en que el número de empleos que están amenazados por un eventual cierre de Ence en Pontevedra ascienden a casi cinco mil. Y es que a los cuatrocientos empleos directos de personal contratado por la pastera habría que sumar, según estos mismos cálculos de la Plataforma Proindustria de Pontevedra y la propia Ence, otros 2.500 indirectos vinculados a las empresas auxiliares (tanto en el sector industrial como logístico, transporte o en el puerto, entre otras) así como dos mil más en el sector forestal en Galicia. De ellos, 800 estarían en la comarca de Pontevedra.
Inversiones congeladas
Además, los trabajadores ven con preocupación como esta situación de inseguridad jurídica sobre la posible resolución judicial en torno a la validez de la prórroga devuelve a la fábrica a la incertidumbre previa a la renovación de la concesión, en la que apenas se realizaban inversiones en la fábrica. Y es que cabe recordar que, como consecuencia de la decisión de la Abogacía del Estado, el Grupo Ence ha tomado la decisión de mantener las inversiones en la fábrica ya comprometidas para este año (unos 50 millones) pero congelar (que no suprimir) todas aquellas actuaciones que tenía previsto en el Plan Estratégico 2019-2023 y que recogía actuaciones por valor de entre 60 y 110 millones en ese periodo en Lourizán. Actuaciones que otras fuentes cifran hasta en 350 millones de euros. La inversión total prevista en este plan estratégico era de entre 625 y 725 millones para diversificar también la producción hacia productos higiénicos y absorbentes, viscosa y la investigación en bioeconomía.
Además, esta situación ha obligado a la empresa a reformular este documento estratégico en el que se preveían inversiones para ir aumentando paulatinamente la capacidad de producción de sus dos plantas de celulosa en Navia y en Pontevedra hasta conseguir un incremento de 100.000 toneladas anuales más en 2022. El temor es que este esfuerzo inversor se pueda centrar ahora únicamente en planta asturiana de Navia, en donde sí cuentan con la seguridad jurídica suficiente para acometer estas fuertes actuaciones. De hecho, la empresa ya anunció que, entre algunas de las opciones que baraja para prepararse ante un posible varapalo judicial, es la de trasladar parte de la producción de Pontevedra a Asturias. De ahí la preocupación de los trabajadores que ahora han decidido mover ficha. Si se movilizan, contarían con el apoyo de diversas organizaciones empresariales como la Plataforma Proindustria ya que también barajaban medidas de presión.
