Ence ya prepara sus armas para combatir en los juzgados el informe de la Abogacía del Estado que pone en jaque su prórroga hasta 2073. La compañía anuncia en un comunicado que "va a utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de esa prórroga" y echar abajo una actuación del Gobierno central que "solo puede ser explicada en clave electoral".
Tras calificar de "inesperado" y "sorprendente" esta decisión, reitera que dará la batalla judicial "para defender la validez de la prórroga, cuyo proceso de renovación siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente, y que intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste de España".
La empresa rechaza de plano "el cambio de criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar de allanarse en los tres procedimientos de la Audiencia Nacional" al entender que esa nueva postura "es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento".
Añade que Costas incurre en una "falta de respeto hacia los puestos de trabajo de miles de empleados, proveedores y del mundo rural, altamente dependiente de la actividad forestal de la empresa, ya que Ence es el destinatario de la mitad de la madera que se produce anualmente en Galicia. El 30% de las personas empleadas en el sector forestal de Galicia dependen de la actividad de Ence".
La compañía insiste en denunciar el giro de Costas tras la llegada del PSOE a La Moncloa y considera "sorprendente" que ahora "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha, cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión".
Al igual que la Xunta y el PP, Ence alerta de las posibles consecuencias laborales y económicas de la anulación del permiso para ocupar la marisma de Lourizán, toda vez que un traslado "es imposible" y la pérdida de la concesión abocaría a la empresa al cierre: "Si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en todo Galicia: de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias. La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del Puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence-Pontevedra".
Incluso cifra en "200.000 familias gallegas productoras forestales" las que sufrirían "una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda".
Tras advertir de los efectos de su posible cierre, Ence destaca en el comunicado sus compromisos y cumplimientos ambientales. Cita las "inversiones por 71 millones de euros" comprometidas con la prórroga, "de las que están realizados más de 40 millones y comprometidos otras 10 millones", así como el "programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros, y un plan social en Pontevedra de tres millones al año durante la permanencia de los 60 años de concesión, que se está cumpliendo".
También hace referencia al Plan Estratégico 2019-2023, con 350 millones de inversión en ese periodo, y a los cumplimientos ambientales de su planta de Lourizán, ante la que "se marisquea dos veces al día".
