La Policía Nacional y la Guardia Civil de Pontevedra mantienen activos actualmente un total de 63 casos de desaparición en la provincia, según los datos actualizados a 31 de diciembre del pasado año por el Ministerio del Interior.
Se trata casi de un 70% más que en el anterior informe de 2017, en un incremento que se registra igualmente a nivel estatal y que la Policía explica, entre otros factores, por un incremento del número de menores fugados de centros de acogida o de reforma. De hecho, aquellas desapariciones más preocupantes, las catalogadas como de "riesgo alto", se mantienen en un número de 6 en la provincia, es decir, los mismos casos que se arrastran de años anteriores y que siguen sin resolver. Entre ellos, por ejemplo, el que mantiene conmocionada a la sociedad pontevedresa desde 2010, como es la desaparición de Sonia Iglesias.
Los datos aparecen reflejados en el informe sobre personas desaparecidas que elabora anualmente el CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos), entidad creada en 2017 y que comenzó a funcionar en 2018. Se utiliza para ello la información registrada en la base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar de Interior, toda una infraestructura que se puso en marcha para dar respuesta a un fenómeno que preocupa, y mucho, a la sociedad, como son las entre 20.000 y 30.000 desapariciones que se producen al año en España. Un alto porcentaje de ellas son calificadas como de riesgo "limitado", es decir, se considera que pueden corresponder con desapariciones "voluntarias"; pero un 2% de las mismas acaban siendo catalogadas como "inquietantes" por parte de Guardia Civil o Policía, dado que hay sospechas o incluso fuertes evidencias de que fueron forzosas o accidentales. En España hay 271 desapariciones activas de este tipo.
Las seis desapariciones de alto riesgo de Pontevedra suponen, además, la mayor cifra de toda Galicia, frente a las 2 de A Coruña; las cinco de Lugo y las cuatro de Ourense. En total, son 17 desapariciones de riesgo en toda Galicia, que se mantiene como la cuarta comunidad autónoma con un mayor número de ausencias declaradas como "inquietantes" por parte de las Fuerzas de Seguridad, por detrás de Cataluña, Andalucía y Canarias.
En cuanto a las desapariciones de riesgo "limitado", el aumento de las 37 activas en 2017 a las 57 de 2018 se explica, principalmente, en el incremento de las denuncias por la desaparición de menores adolescentes y jóvenes mayores de edad. De hecho, el perfil de la mayoría de las denuncias que se recogieron el pasado año se corresponden con el perfil de joven varón de entre 13 y 17 años, de nacionalidad extranjera.
En este sentido, el informe también recoge datos específicos sobre los menores de edad que figuran como desaparecidos. Mientras que el pasado año había siete casos activos de menores de edad desaparecidos en la provincia, actualmente esa cifra creció hasta los 23, algo más del triple. Las conclusiones que se recogen en este informe del CNDES coinciden con la información que facilitan fuentes de la Comisaría Provincial a la hora de explicar el aumento de las denuncias por menores desaparecidos y las denuncias de desapariciones en general. Destacan el incremento del número de fugas de menores adolescentes de centros de acogida o incluso de reforma, que en ocasiones regresan a los pocos días sin que el denunciante avise de esta situación a las autoridades policiales, de tal forma que el menor no está realmente desaparecido, sino de vuelta en el centro, pero la denuncia no ha sido dado de baja. Esto también ocurre con las propias familias denunciantes que en ocasiones no advierten de la aparición de las personas que están siendo buscadas.
De hecho, el 93% de las denuncias acaban siendo cerradas y en el caso de las más antiguas el porcentaje llega a rozar el 99% a medida de que las denuncias activas van siendo cerradas.
