El gobierno tripartito expresa su "perplejidad" por la política de la Xunta al respeto de los terrenos de la Central de Transportes de Ponte Caldelas, donde anuncia nuevas rebajas, "a pesar de que es imposible conceder licencias y, por tanto construir, a causa del bloqueo a su desarrollo urbanístico.

El equipo de gobierno ya aprobó dos mociones y pidió numerosas veces a la Xunta la aprobación de un reglamento que es competencia autonómica exclusiva, al estar los terrenos afectados por un proyecto sectorial de incidente supramunicipal. El borrador del reglamento fue redactado por la arquitecta municipal y presentado en el Registro de la Xunta en noviembre de 2016. Recoge todos los aspectos acordados en las conversaciones con los técnicos del Instituto Galego da Vivenda e Solo y Xestur. "Pasados dos años y cuatro meses permanece en un cajón de Santiago, por una decisión política inexplicable", dice el Concello.

Ante el anuncio realizado en el Consello de la Xunta del pasado jueves por lo que se bonifica durante un mes con un 30% el precio de las 55 parcelas de la Central de Transportes, el gobierno local caldelán reitera, que "sin ese reglamento urbanístico, que fija las alineaciones de las naves, fondos edificables, línea de los cierres y otros parámetros indispensables, está atado de pies y manos y resulta imposible tramitar o conceder licencias municipales".

Situación "indignante"

Asimismo, subraya que "estamos ante una situación indignante que va mucho más allá de las lamentablemente habituales desavenencias entre administraciones con signos políticos distintos", afirma el alcalde, Andrés Díaz. "Ya no sabemos ni que hacer porque ni siquiera pedimos que inviertan en nuestro municipio; tan solo una mera formalidad administrativa con un papel ya redactado, que dejen de frenar la creación de puestos de trabajo en un suelo industrial público".

La Central de Transportes, con sus 86.963 metros cuadrados, fue urbanizada en 2005 como seis grandes parcelas que no encontraron salida en el mercado, excepto una donde se construyó una gasolinera. En 2007, las cinco parcelas vacías fueron subdivididas por la Xunta en 55 pequeñas parcelas que van de los 143 a los 1.215 m2.

Ahora, el gobierno gallego anuncia rebajas de un 30% en este suelo industrial. Para el grupo de gobierno son "unos precios muy competitivos, dado que oscilan entre los 6.544 euros y los 55.112,40 euros, pero que de nada sirven ante la carencia de una planificación urbanística adaptada. Si aprobaran el famoso reglamento, igual ni siquiera tenían que rebajar nada, porque interés empresarial lo hay", lamentan desde el Concello.