Una contabilidad paralela en "B" con ventas ocultas a Hacienda por valor de dos millones de euros y más de 275 facturas denominadas en la propia documentación empresarial como "ficticias" por partidas de hormigón que nunca se llegaron a suministrar. Esto es lo que se encontraron los investigadores cuando efectuaron el registro de la empresa "Hormigones Tudenses" después de la denuncia efectuada sobre estas irregularidades por unos trabajadores que habían sido despedidos.
El caso llegó ayer a juicio ante el juzgado de lo penal 3 de Pontevedra y sentaba en el banquillo a los dos responsables de la empresa de hormigones, con sede en Tui, y a otros cuatro empresarios acusados de colaborar con esta firma a la hora de emitir las facturas falsas. Los dos responsables de la firma, padre e hijo, Manuel C. R. y José C. A., reconocieron en el juicio esta operativa de la empresa, que también ratificó una de las trabajadoras del área contable que declaró como testigo.
Reconocieron como ciertas las acusaciones del fiscal quien explicaba que entre los años 2008 y 2013 la empresa cometió, fundamentalmente, dos irregularidades mientras llevaba dos contabilidades paralelas, una "oficial" y otra "extraoficial", ambas con el objetivo de reducir la cuantía de las obligaciones tributarias de esta empresa. La primera consistía en la ocultación de esas ventas en "B", unas operaciones que entre los años 2008 y 2013 alcanzaron la cuantía de algo más de dos millones de euros.
La segunda irregularidad consistía en la elaboración de facturas denominadas "ficticias" que corresponden con operaciones "inexistentes, bien por tratarse de operaciones completamente simuladas o bien por tratarse de operaciones parcialmente reales pero de cuantía inferior a la indicaba y en las que contabilizaba el sobreprecio.
Según explicó una trabajadora ayer en el juicio, la empresa hormigonera cobraba de manera efectiva estas facturas ficticias, pero luego devolvía su importe a los clientes con los que se concertaba para hacer estas operaciones con el dinero que atesoraba en la "caja B". De hecho, estas devoluciones eran anotadas en negativo en esa caja oculta a Hacienda.
De los seis empresarios sentados ayer en el banquillo del juzgado de lo Penal de Pontevedra no solo los dos dueños de la hormigonera reconocieron los hechos, sino que también lo hicieron otros tres responsables de las firmas que les seguían el juego con estas facturas falsas. Se trata de F. B. A., J. L. L., y M. F. M. La Fiscalía retiró la acusación al término del juicio contra un cuarto empresario, F. C, V.
Todos ellos realizaron declaraciones complementarias ante Hacienda para regularizar su situación antes de llegar a juicio, lo que, junto con la conformidad alcanzada con el fiscal, les permitió reducir sensiblemente la petición que formulaba inicialmente contra ellos y que en algunos casos superaba los tres años de prisión. Se les aplicó el atenuante de reparación del daño. Así, los dos responsables de Hormigones Tudenses aceptaron la pena que planteó el fiscal de seis meses de cárcel por delito contable y 12 meses más por falsedad. En total, año y medio de prisión. F. B. A. asumió una pena de 12 meses de prisión y multa y J. L.L. de 11 meses. Por último, M. F. M. asumió una condena de seis meses de prisión. Las defensas de todos ellos solicitaron la sustitución de las penas privativas de libertad por multas.
En el banquillo de los acusados se sentaba una séptima persona. Se trata de C. B. L., exjefe del parque de maquinaria de la Diputación Provincial, ahora ya jubilado y cargo que ostentaba en 2011. Se le acusa de concertarse con los acusados para emitir una factura falsa de una partida de hormigón para la Diputación que nunca se sirvió. Los dos responsables de la hormigonera admitieron la falsedad de todas las facturas recogidas en la documentación intervenida salvo esta. El acusado asegura que el hormigón se sirvió realmente y el encargado de la obra en la que supuestamente se empleó así lo atestiguó en el juicio. El fiscal no lo cree y mantiene para él la petición de 2 años y tres meses de prisión. La defensa pide su libre absolución.
