La Xunta respondió ayer mismo a la denuncia que formulaba el sindicato Alternativas na Xustiza-CUT, en la que se señalaba que el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Pontevedra, especializado en Derecho de Familia, se encontraba "al borde del colapso", debido a la elevada carga de trabajo que padece y a la no cobertura de unas vacantes. Se trata de un juzgado especialmente sensible, dado que aborda cuestiones delicadas para las familias como pueden ser procesos de divorcio, custodias de menores, control sobre menores o incapaces, entre otros muchos asuntos.

Según la administración autonómica, este órgano cuenta con un plantel completo y tiene un refuerzo permanente desde el año 2006. Concretamente, cuenta con 2 gestores, 4 tramitadores y 1 auxilio, más 1 tramitador de apoyo. En el día de ayer, llegó a la Dirección Xeral de Xustiza, la petición de la cobertura por relevo de un tramitador y la baja laboral de otro tramitador, por lo que la Xunta, como hace siempre, afirma que procedió a seguir los trámites pertinentes y "estas dos bajas serán cubiertas en breve".

Por otra parte, y tomando como referencia los datos de estadística del Consejo General del Poder Judicial, la entrada de asuntos en este juzgado en el año 2018 disminuyó, concretamente 254 asuntos menos, lo que representa un 15% menos de entrada respecto de 2017.

Recuperación de la huelga

Además, este juzgado, precisamente por llevar temas de Derecho de Familia, entró en el plan de recuperación del trabajo por causa de la huelga. Lo hizo en dos fases, en el mes de octubre y más en el de noviembre, apuntándose voluntariamente 6 de sus funcionarios y trabajando por las tardes un total de 240 horas a mayores de su jornada común. De manera que la pendencia de asuntos al finalizar el año 2018 era similar a la pendencia que el juzgado tenía la finales del año 2017, de lo que la Xunta infiere que los efectos del retraso por la huelga del pasado año 2018 fueron paliados por el esfuerzo de todos los trabajadores que intervinieron en el plan de recuperación.

Desde el sindicato denunciaban ayer que estas dos vacantes estaban sin cubrir y afirmaban que la carga de trabajo que soporta es excesiva. Contabilizan 900 demandas en trámite y 423 ejecuciones (divorcios, incapacidades, adopciones, internamientos, modificaciones de medidas...) y que incluida la jurisdicción voluntaria alcanzarían los 1.714 asuntos. Alternativas na Xustiza asegura que, con estas cifras, el juzgado de familia de Pontevedra está un 30% por encima de lo que marcan los módulos establecidos por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia para estos juzgados.