El concejal de Infraestructuras de Pontevedra, César Mosquera, compareció ayer para aclarar más en profundidad cuestiones relacionadas entre la aparente asociación entre la regulación de los vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos y la ordenanza de movilidad que tiene en trámite actualmente el Concello. Y es que Mosquera insistió que la incidencia que tendrá la ordenanza municipal en este tipo de vehículos se verá muy limitada por la legislación estatal que ya está en vigor actualmente, así como por las nuevas normas que pueda aprobar la DGT respecto a estos dispositivos.

En cualquier caso, Mosquera aclaró que patinetes eléctricos y otros dispositivos están ya catalogados como vehículos y recordó que el Real Decreto 6/2015 de 20 octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ya impide a estos disposivos circular por la acera, que está únicamente reservada para los peatones.

Indica que, a partir de ahí, la normativa municipal no puede contradecir estos preceptos aunque quisiera (aunque en el caso de Pontevedra, apuestan por mantenerlos fuera de las aceras) y recuerda que algunas ordenanzas municipales que aprobaron medidas en sentido contrario fueron tumbadas por el Tribunal Supremo.

¿Qué puede hacer entonces la ordenanza? Pues asegura Mosquera que puede actuar en aquellas cuestiones en las que el código de Circulación no se centra, como son las vías de plataforma única que comparten vehículos y peatones. Aquí sí que podrían circular y actualmente la normativa en vigor plantea un máximo de velocidad, igual que el resto de vehículos, de 20 kilómetros hora. La idea del gobierno local es que la ordenanza reduzca este límite de velocidad máxima a 10 kilómetros hora, respetando espacios de seguridad con los peatones y también prohibir la circulación próxima a las entradas y salidas de los edificios.

Mosquera también confirmó que no le compete al Concello establecer medidas de control sobre estos vehículos como, por ejemplo, determinar si deberían contar con algún tipo de seguro o si es necesaria su matriculación, debate que corresponde a las autoridades estatales de Tráfico. Por lo tanto, la ordenanza tampoco solventará el limbo legal que rodea a estos vehículos en ese sentido. La DGT ya trabaja en una regulación mínima.

Ayer, expertos de compañías aseguradoras aconsejaban la contratación de pólizas para cubrir accidentes con estos vehículos para evitar responsabilidades civiles y penales.