Las inspecciones realizadas por Turismo durante las últimas semanas a viviendas compartidas han hecho aflorar la situación de alegalidad en la que se encuentran más de un centenar de propietarios en la comarca de Pontevedra, a quienes el Decreto de Turismo ha dejado fuera de su regulación y a quien la Xunta pretende aplicarles la normativa de las "pensiones".

Más de un centenar de propietarios afectados por esta situación en la provincia de Pontevedra exigen la inclusión de esta modalidad de alquiler como "turística" y consideran que precisamente la modificación de la Lei de Turismo de Galicia que en estos momentos está tramitando la Xunta es el momento propicio para hacerlo.

En esta petición cuentan con el respaldo de Aviturga, asociación que aglutina a los propietarios de viviendas turística de toda Galicia y que consideran que el hogar compartido, también conocido como "home sharing" es una modalidad más de economía colaborativa, que permite a los dueños sacar un rendimiento económico de su capital inmobiliario. "Pero eso ni les convierte en una pensión ni en una empresa", asegura Dulcinea Aguín.

Y es que a diferencia de la figura legal que la Xunta quiere aplicarles, los propietarios de viviendas que alquilan aquellas habitaciones que no utilizan, "lo hacen durante los periodos que consideran oportunos, sin obligación de que sea todo el año".

Una de las plataformas de economía colaborativa mejor posicionada en el mercado, Airbnb, oferta en Pontevedra 87 alojamientos de estas caracteristicas y 36 más en el municipio de Sanxenxo.

"En el alquiler vacacional hay muchas variables. Y todas son lícitas. Desde Aviturga lo que queremos es que todas estén incluidas en el decreto que regula esta actividad. Somos los primeros en animar a los propietarios a regular sus viviendas y darlas de alta en el Registro de Turismo, pero pedimos a la Xunta un poquito de sensibilidad y apoyo en este tema", apunta Dulcinea Aguín, que durante los últimos días se mantuvo en contacto con los propietarios de las viviendas notificacadas con sanciones que superan los 900 euros.

Insiste en la existencia de un vacío legal, reconocido por la Xunta el pasado verano "cuando aseguró que permitiría el alquiler siempre que el propietario residiese en la vivienda". La administración autonómica respondía así a una duda planteada precisamente por Airbnb, que preguntaba cómo actuar con estos alquileres compartidos.

Pensiones

Sin embargo, para la Consellería de Cultura e Turismo ahora no hay ninguna duda. "Galicia xa conta cun tipo de aloxamento turístico regrado no que si está permitida a cesión por cuartos mentres o propietario vive no seu interior: as pensións". Aseguran que esta y no otra modalidad, "e polo tanto en ningún caso unha vivenda de uso turístico, pode ser promovida ou comercializada con estas singularidades en canles de oferta turística".

Desde la consellería zanjan la polémica aduciendo que "non existe ningún tipo de vacío legal ao respecto: a normativa da Xunta, que bebe ao mesmo tempo do Estado, é moi clara".

Para las viviendas reguladas, por tanto, no está permitido que el propietario viva en ella mientras se alojen viajeros.

Sin embargo Aviturga no se rinde e insiste en el derecho de los propietarios a desarrollar esta modalidad de alquiler, un argumento en el que basan las alegaciones a las sanciones que fueron notificadas a los propietarios descubiertos.

"No son pensiones y Turismo no les permite darse de alta, pero ofertan plazas de alojamiento. Lo lógico sería que si la Xunta quiere saber con exactitud cuántas camas oferta en Galicia tenga en cuenta los "home sharing" y les de cobertura para que puedan realizar este alquiler durante los periodos que cada propietario considere", concluye. Y es que apunta que la situación actual, de exclusión, supone un agravio.

Más de 1.300 en Sanxenxo

De las más de 5.000 viviendas turísticas que se han registrado en Galicia desde la entrada en vigor del decreto, 1.481 estan en Sanxenxo; 185 en Poio y 93 en Pontevedra.

El peso específico de Sanxenxo en el sector turístico se deja notar también en este subsector, que durante muchos años ha supuesto una fuente de ingresos extra importante para las familias del municipio. La normativa reguladora hizo aflorar el volumen derivado del alquiler estacional.