A pesar del archivo de las diligencias, desde el sindicato STAJ (contrario al acuerdo y cuyo delegado Quique Araújo fue uno de los citados a declarar como investigados) criticaron duramente ayer el contenido del decreto de la Fiscalía. Critican la actuación del fiscal jefe, a quien reprochan que "buscase como fuese la incriminación de los delegados y otros compañeros", así como esta resolución en la que creen que "se permite la licencia de llegar a conclusiones meramente personales y subjetivas, sin el mínimo rigor jurídico, sin contar con pruebas que sustentasen su relato fáctico". "Durante toda la instrucción el fiscal mantuvo una posición partidista a favor del relato de los denunciantes y de la propia postura de la Xunta para tratar de desprestigiar las votaciones", en las que ganó el no, tal y como recuerdan.

"Al final, muy a su pesar, no tuvo más remedio que reconocer que nada de esto iba a prosperar ante un órgano de enjuiciamiento, reconociendo que no hubo ningún coaccionado ni intimidado y reconociendo que no le consta nadie que quisiera y no pudiera votar", explican, así como que "a pesar de ciertos testimonios no hubo instigadores y que los vídeos son insuficientes para formarse un criterio objetivo de lo que pasó".

Para el sindicato STAJ, el archivo le da "validez" a aquellas polémicas votaciones y confirma "la doble traición" de los sindicatos que firmaron el acuerdo con la Xunta aún a pesar de este rechazo que, dicen, cosechó en las urnas por parte de los funcionarios.