Parte de la "macrocausa" judicial contra una presunta trama de corrupción en distintas administraciones que se abrió a raíz de la famosa "Operación Patos" vuelve a aterrizar en los juzgados de Pontevedra. Lo hace como consecuencia de la inhibición decretada por el juzgado vigués que instruyó inicialmente la causa (el instrucción 7 de la ciudad olívica) y que tras el recurso presentado por una de las defensas estimó que no tiene competencia sobre el caso y que este deberá ser instruido por los magistrados de la capital.
La causa principal de la Operación se dividió en cinco piezas separadas y dos de ellas son las que finalmente la juez de Vigo ha decidido remitir a Pontevedra. Una de estas piezas es en la que figura como investigado el anterior presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, el único político que permanece imputado en la "Patos". Estas dos causas analizan las contrataciones relativas a unos trabajos realizados en el campo de fútbol de Moraña en 2013.
La segunda pieza separada que se investigará desde Pontevedra son también una serie de obras contratadas por el anterior gobierno de la Diputación en Bembrive (Vigo) y en Fornelos de Montes.
Las dos investigaciones han sido repartidas y están ya en manos de los respectivos juzgados a los que correspondería finalizar la instrucción. La concerniente al campo de fútbol de Moraña y que tiene como investigado a Rafael Louzán ha recaído sobre el juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra, que todo hace indicar que asumirá la inhibición del caso y tramitará el asunto remitido desde Vigo. En este caso, se planteó la inhibición desde la ciudad olívica al tratarse de unas obras ejecutadas en Moraña (partido judicial de Caldas) y por la institución provincial (con sede en la capital) por lo que se consideró que la competencia debería ser de los juzgados de la ciudad de Pontevedra.
Más dudas pueden surgir en cuanto al segundo de los casos remitidos a Pontevedra, por unas obras realizadas en la entidad menor de Bembrive en Vigo y que recayó en el juzgado de instrucción número 2 de la capital. En este asunto no está tan claro que se vaya a aceptar la inhibición del juzgado vigués y es posible que se plantee finalmente un conflicto de competencia.
En cualquier caso, el primero de los casos sí se resolverá en la ciudad del Lérez y de hecho dos de los fiscales de delitos económicos de Pontevedra, Jesús Calles y Augusto Santaló, tienen ya sobre sus mesas este asunto y lo están analizando. Se da la circunstancia de que Santaló es también el fiscal que investiga y presentó acusación contra Rafael Louzán por cohecho en el caso de los sobreprecios de los alquileres de unos locales en Navia.
Ambos fiscales, además, trabajarán a contrarreloj, dado que en el caso que estimasen oportuno solicitar alguna diligencia adicional al juzgado instructor deberían solicitar una prórroga de la instrucción antes de finales de mes.
No obstante, a su favor juega el hecho de que el juzgado de Vigo que asumió inicialmente esta investigación había finalizado prácticamente la instrucción de la causa cuando se decretó la inhibición, por lo que la labor de los fiscales y del juzgado pontevedrés debería ceñirse en decidir si se sigue adelante con el procedimiento. Esto es: analizar si se archiva el caso o si se transforman las diligencias para encaminarse hacia la celebración de un juicio.
Además de Louzán, en este asunto que ha recaído sobre el juzgado de instrucción 1 de Pontevedra figuran como imputados los responsables de la empresa Eiriña, en torno a la cual giraba gran parte de la investigación por supuestas irregularidades en los contratos que firmaba con la administración. Se trata del dueño, Enrique Alonso Pais y su mano derecha en la empresa, Jaime Alvariñas. A estos se suman también el entonces jefe de los servicios técnicos de la Diputación y dos constructores.
En la segunda causa, la relacionada con las obras en Bembrive, figuran como investigados según publicó en su día FARO, Alvariñas, además del anterior jefe de gabinete de Louzán cuando era presidente de la Diputación, Luis Serantes, y otro empresario.
Archivadas
No es la primera ocasión que los juzgados pontevedreses investigan alguna de las piezas separadas de la "Operación Patos". Ya se abrieron anteriormente otras cuatro causas en la capital derivadas de la investigación inicial abierta en Vigo. Todas ellas acabaron archivadas, incluidas dos de ellas que afectaban al Concello de Pontevedra. En una de ellas se investigaron tres obras adjudicadas a la empresa "Eiriña" y otra en la que se indagaron supuestos enchufes por parte de políticos y funcionarios del Concello a través de la concesionaria de la recogida de basura, Cespa. Los magistrados no hallaron indicios de delito en ninguna de estas actuaciones y los casos acabaron archivados. Ahora habrá que esperar a ver cuál es el recorrido de estas dos nuevas investigaciones que acaban de aterrizar en la capital. En Vigo quedan otras tres causas "vivas" relativas a aquella macrooperación policial con registros en varias administraciones en 2014.
