Los funcionarios de los juzgados de Pontevedra mantienen un elevado seguimiento de la huelga que mantiene paralizados los órganos judiciales de la capital. Ayer, los portavoces de las siete centrales sindicales que convocan la huelga comparecieron respaldados por decenas de funcionarios de la ciudad, para responder a las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y rechazar que no haya voluntad negociadora por parte de los trabajadores públicos de los juzgados. De hecho, retaron tanto al presidente de la Xunta como al conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, a sentarse el lunes mismo para abrir una nueva ronda de negociaciones.

De lo contrario, los funcionarios responsabilizan a ambos dirigentes y a la Xunta de Galicia como la única culpable de la situación en los juzgados de la comunidad: "Con su negativa a negociar están abocando a la Justicia gallega a una situación de colapso absoluto", explicaba ayer Enrique Araújo, portavoz del comité de huelga en Pontevedra. Responsabilizan también a la Xunta de las graves consecuencias que este paro tendría, en el caso de que se prolongue todavía más, para los ciudadanos que verán como se paralizan sus demandas y las causas judiciales en las que están inmersos.

Los funcionarios se muestran sorprendidos de que la Xunta, después de tres días de paro absoluto en un sector clave como es la Justicia, no haya llamado a negociar a los sindicatos y acusan al conselleiro Rueda de haberse desentendido del conflicto al "pasarle la pelota a Función Pública cuando es un tema de Xustiza". De hecho, fueron muy duros con el vicepresidente, solicitando su dimisión "por inepto".

Los funcionarios insisten en que no piden una subida salarial sino su equiparación con sus compañeros del resto del Estado, al igual que están haciendo actualmente otros funcionarios públicos (en clara alusión a policías y guardias civiles). Acusaron a la Xunta de manipular los datos sobre la oferta que puso la administración autonómica sobre la mesa y que rechazan los trabajadores al considerarla inasumible. Indican que la media de 65 euros de aumento en tres años hasta 2021 (el aumento sería de cero euros en 2018) los mantendría en el "furgón de cola" en cuanto a retribuciones respecto al resto de sus compañeros del Estado.

Los sindicatos insisten en que el seguimiento de la huelga está siendo "aplastante" en la ciudad de Pontevedra en donde ayer cifraron la participación en la convocatoria de un 93% de los funcionarios. Aunque el número de suspensión de juicios fue menor, debido a que los viernes no es un día en el que sea habitual señalarlos, sí se volvieron a aplazar decenas de actos procesales y diligencias.

Los sindicatos reconocieron que en la ciudad sí se registraron estos días alguna pequeña incidencia debido a "una interpretación torticera" de los servicios mínimos por parte de "algún magistrado y letrados de la administración de Justicia" que pretendían que los funcionarios de servicios mínimos realizasen actividades que no están catalogadas como tal. Fueron situaciones que se resolvieron inmediatamente, según los sindicatos, que siguen considerando los servicios mínimos "excesivos".

Además, los funcionarios siguen con su campaña para visibilizar la importancia de unidades como el registro civil, solicitando trámites que provocan largas colas para acceder a este servicio.