El Real Decreto de reforma de la estiba aprobado el pasado mayo marcaba un periodo transitorio de tres años para facilitar una conversión progresiva del sector desde la situación actual de monopolio hasta la liberalización. Sobre las entidades que gestionan esas plantillas de estibadores -las Sageps-, la nueva normativa establecía otro plazo condicionado a lo que decidieran sus accionistas. Para las que optaran por disolverse y no esperar esos tres años tenían hasta diciembre para comunicarlo a Fomento. Y entre las pocas sociedades activas en puertos españoles que notificaron esa intención están Marín, A Coruña y Ferrol. Sólo las de Vigo y Vilagarcía se desmarcaron del resto de las gallegas y agotarán el periodo transitorio.
