Las cargadas agendas de señalamientos de los juzgados y de la propia Audiencia Provincial de Pontevedra comienzan a notar los efectos de las jornadas de huelga decretadas por los funcionarios de Justicia que siguen suspendiendo juicios a los que hay ahora que buscar hueco en un calendario sin apenas espacio. Y todo ello con la amenaza de que el paro se convierta en indefinido a partir del próximo 7 de febrero, lo que sí podría suponer un importante colapso en el sistema judicial, dado que hasta el momento han sido tres jornadas de paro aisladas que ya han causado más de un inconveniente a muchos administrados y profesionales del sector.
Un ejemplo se vivió ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Las dos secciones penales del tribunal tenían fijados sendos juicios de cierta trascendencia. En la Segunda se juzgaba a puerta cerrada un caso de abuso sexual a menores. En la Cuarta continuaba el juicio contra los dos guardias civiles acusados de filtrar información a grupos de narcotraficantes. Con un único agente judicial cumpliendo con los servicios mínimos, el juicio de la Sección Segunda se pudo celebrar pero fue imposible continuar con el de la Cuarta ante la ausencia de funcionarios que pudieran establecer las conexiones por videoconferencia, entre otras cuestiones.
Sin sitio para señalamientos
El aplazamiento de este juicio sirve bien como una pequeña muestra de lo que podría suceder si la huelga persiste. Con el objetivo de interferir lo menos posible en los juicios ya señalados para fechas próximas, la Sección Cuarta tuvo que buscar nuevas fechas para retomar la sesión perdida en la mañana de ayer, pero con el inconveniente de que no podía aplazarse más de un mes, dado que podría haber problemas con los plazos que estipula la ley para retomar una vista ya iniciada. Dado que no había fechas disponibles, fue necesario anular la celebración de otro juicio ya previsto para el día 20 de febrero con el objetivo de retomar ese día la sesión perdida hoy.
Y así en muchos más órganos judiciales. Los sindicatos convocantes cifraron la participación en la jornada de huelga en un 95% en la ciudad de Pontevedra (un 99% en el edificio judicial de A Parda) y cualquiera que se acercase ayer por los juzgados podía comprobar que apenas se movió un papel. Tan solo funcionaban los servicios mínimos (juzgado de guardia) y se calcula que se suspendieron casi dos centenares de actos procesales: es decir, comparecencias, vistas civiles, declaraciones de investigados o testigos con comparecencia de abogados y procurador, así como otras diligencias de prueba.
Solo en cuanto a suspensión de juicios, se calcula que la masiva participación en la convocatoria provocó la suspensión de unos 69 juicios señalados para ayer: 27 en juzgados de lo Penal, 12 en el ámbito Civil, 9 en los Contenciosos y unos 14 en los juzgados de lo Social. En la anterior jornada de paro la cifra de juicios suspendidos llegó a los 86.
Desde la administración autonómica, sin embargo, se afirma que el seguimiento de la huelga en la provincia de Pontevedra alcanzó solo un 50% y que el cumplimiento de los servicios mínimos fue del 100% y que ya adelantan que se incrementarían en el caso de la huelga pasase a ser indefinida.
Las fuerzas sindicales que apoyan esta convocatoria unitaria (SPJ-USO,CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC OO) responsabilizan al vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Xustiza, Alfonso Rueda, de estar llevando a la Justicia gallega a una situación de "extrema gravedad" que podría empeorar todavía si el paro se convierte en indefinido.
Culpan también a la Xunta de las molestias y perjuicios que puede causar el paro a profesionales y administrados por no atender unas demandas que los funcionarios consideran justas.
Negociaciones
La entrada en las negociaciones del Consello Galego de Relacións Laborais permitió avanzar en las conversaciones y llegar a acuerdos en tres de los cinco puntos que los sindicatos ponían sobre la mesa. No obstante, siguen las diferencias importantes en dos cuestiones. En primer lugar, los funcionarios demandan la equiparación de su salario con el de los funcionarios de otras comunidades autónomas que realizan exactamente la misma labor en los juzgados. Las centrales pide una subida lineal de 270 en este complemento autonómico, pero a la Xunta esta cantidad les parece inasumible y afirma de "generosa" la oferta que el gobierno autonómico ha puesto sobre la mesa de los sindicatos. Sin embargo, el principal escollo se refiere a las incapacidades temporales, que piden que sean reguladas igual que las de jueces, letrados de la administración de Justicia y fiscales, además de poner fin a la amortización de plazas y cubrir las bajas con sustituciones. Xustiza respondió ayer asegurando "este colectivo de funcionarios tiene mejores condiciones salariales que sus compañeros de las comunidades autónomas que dependen del Ministerio de Justicia y que los trabajadores de la Xunta".
