La sentencia del TSXG deja claro que "en el supuesto aquí analizado, del hecho de que los proyectos posteriores (los futuros crematorios que se puedan tramitar) hayan de someterse a la evaluación ambiental, no ha de deducirse la exclusión al mismo trámite para la modificación del plan, máxime cuando se pone de manifiesto, y no se ha negado por la parte contraria, que el PGOU no fue sometido" en su elaboración inicial en 1989.

Añade que "aunque la posible incidencia sobre el medio ambiente es evidente que sea mayor cuando se presente un proyecto para un crematorio y haya de analizarse si se aprueba el proyecto, ello no puede excluir el sometimiento al trámite al aprobarse la modificación del planeamiento, y puesto que con esta modificación se dice, entre otras cosas, que la distancia que ha de ser respetada es de 50 metros con relación a los usos residenciales, terciarios o equipamientos comunitarios, se puede deducir que de forma general ya se está incidiendo sobre el medio ambiente y se pueden deducir efectos medioambientales significativos".

El Concello había alegado que la única evaluación ambiental necesaria sería sobre los propios crematorios, no sobre la normativa que los regula, pero el TSXG insiste en que la modificación de 2015 también precisa ese informe y declara que "es lógico que los proyectos de autorización de crematorios no los haya estudiado aún el órgano ambiental", porque todavía no existen.

Finalmente la sentencia, que se pueda recurrir ante el Tribunal Supremo, impone las costas del proceso, a partes iguales, al Concello y a la Xunta.