Poio y Ponte Caldelas, dirigidos por partidos contrarios al PP, consideran que la Xunta de Galicia lleva a cabo sobre ellos una "discriminación". Esta mañana, tanto la regidora accidental y el alcalde de ambos municipios, Chelo Besada y Andrés Díaz, se unieron para denunciar la situación, que conduce según ellos a "una incapacidad para mejorar la seguridad vial" en las dos localidades.
Según Besada y Díaz, el gobierno autonómico les exige a ellos, concellos gobernados por otros colores políticos, una serie de cuestiones para llevar a cabo proyectos que "a otros municipios no". En concreto, los regidores destacaron que la Xunta les pide que negocien con los vecinos la cesión de terrenos para la ejecución de proyectos en carreteras de titularidad autonómica. Algo que "es ilegal", según Díaz.
De este modo, Ponte Caldelas le entregó a Poio un convenio "bien argumentado jurídicamente" en el que se explica el plan del municipio para pagar el coste de las expropiaciones y así sacar adelante los proyectos de mejora de seguridad vial en la carretera de Laxoso. El concello dirigido por Díaz ya se lo entregó a la Xunta y ahora será Poio el que redacte uno similar para desbloquear la situación con la PO-308. "Este es un acto de solidaridad entre dos lugares que nos sentimos menospreciados por el PP", recalcó Díaz.
Para el alcalde de Ponte Caldelas, explicó que este convenio y esta "unión" es una medida más de presión para ver si así la Consellería de Infraestructuras les recibe. "Esperamos una respuesta. Donde hay alcalde de PP se expropia. Donde no, se piden terrenos. El único criterio debería ser la seguridad vial, no este. Ahora mismo, hay una docena de procesos de expropiación en toda Galicia. No sabemos porqué en unos sitios sí y en otros no", recalcó el alcalde del PSOE.
Por su parte, la alcaldesa accidental de Poio, también socialista, destacó que en Sanxenxo se está llevando a cabo "un proyecto más costoso y de más envergadura de lo que sería la carretera de Poio". "Es algo que con lo que yo estoy de acuerdo porque todos los ciudadanos tienen derecho a transitar más seguros por las carreteras. Pero lo que no puede ser es que exista una doble vara de medir. En Sanxenxo la Xunta también comenzó pidiendo cesiones y cuando vio que era imposible, expropió", recordó Besada.
Ambos regidores destacaron que en esta cuestión el dinero no va a ser un impedimento. "Lo económico es secundario. No tenemos cuantificado cuanto nos costarían las expropiaciones, pero es lo de menos. Queremos mejorar la seguridad y con algo más que unas aceras de Covelo a Raxó, aunque desgraciadamente es lo único que está proyectado", analizó Chelo Besada. "A Ponte Caldelas le costaría 40.000 euros. A Poio algo más. Pero da igual. Pagaremos lo que sea, lo que haga falta. No hay topes", explicó Andrés Díaz.
A día de hoy, Ponte Caldelas aun no ha recibido respuesta sobre las expropiaciones cuyo coste pretende asumir, mientras que Poio presentará en los próximos días a la Xunta un convenio similar al del concello vecino para "que se acaben las excusas".
