La memoria correspondiente al año 2016 del Defensor del Pueblo destaca apenas varios casos referidos a la comarca de Pontevedra. Uno de ellos aborda la queja planteada por un vecino de la ciudad del Lérez que se quejaba de la molestia que le provocaba un local hostelero que al parecer operaba sin licencia y sin cumplir la normativa para este tipo de establecimientos.
Cuando el Defensor comenzó a recabar información sobre la queja planteada, el motivo principal de la misma había cesado, al haberse precintado, por fin, dicho local. No obstante, la defensora Soledad Becerril consideró necesario dirigirse al Concello de Pontevedra para realizarle una sugerencia con respecto a un motivo secundario de queja y que se refiere al "dilatado periodo de tiempo" que transcurrió entre que el Concello adoptó la resolución de cese de actividad del local y hasta que este se hizo efectivo con el precinto del mismo por el incumplimiento de dicha orden.
El Defensor del Pueblo rechazó las alegaciones presentadas por el Concello de Pontevedra para justificar este retraso y que se asentaban en una serie de cuestiones de orden "práctico" como era el hecho de que la resolución adquiriese firmeza transcurrido un plazo de dos meses y así evitar posibles reclamaciones por la pérdida de productos perecederos del local, entre otros.
No obstante, la institución no comparte la opinión del Consistorio. Señala que "la orden de cese de la actividad tiene efectos inmediatos desed el momento en el que se notifica de manera fehaciente a su destinatario, quien tiene la obligación legal de cesar en su actividad en ese mismo momento". Añade que "la dilatación del acto material del precinto, incluso con indicación de la fecha en la que se va a proceder al mismo" (como realizó en este caso el área de Urbanismo en una orden de 3 de diciembre de 2015) "únicamente beneficia al infractor, quien ve materialmente pospuesta la orden de cese durante dos meses, pudiendo en ese tiempo continuar con la actividad de forma ilegal con la aquiescencia de esa entidad local" y con "el consiguiente perjuicio del afectado, como es el caso, que tiene que sufrir las molestias de una actividad carente de licencia".
Sugerencia aceptada
Por estas y otras cuestiones, el Defensor realiza esta sugerencia al Concello de Pontevedra en la que le pide realizar inspecciones para comprar la efectividad de las órdenes de cese de actividad desde el momento de su notificación, y proceder al precinto de los locales de forma inmediata en caso de incumplimiento de la misma. Una sugerencia que, según consta en la memoria del Defensor del Pueblo de este año, ha sido aceptada por el ayuntamiento pontevedrés.
