La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, aseguró ayer estar "satisfecha" tras la decisión de la Audiencia Provincial de Pontevedra de reabrir la causa judicial que investigaba los insultos machistas que recibió a través de una red social por parte del entonces concejal de Igualdade del PP en Moraña, Jorge Caldas, así como por parte de otro vecino de esta localidad. Caldas dimitió como edil poco después de aquel episodio.

Un reciente auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial ordena al juzgado de instrucción 3 de Pontevedra que reabra el caso al revocar el sobreseimiento provisional dictado en su día por este mismo órgano al entender que los insultos vertidos por el edil contra la presidenta de la Diputación podrían encuadrarse dentro del "ejercicio del derecho a la libertad de expresión". En este último auto de la Audiencia, firmado por las tres magistradas de la Sección Cuarta, consideran "precipitado el cierre del procedimiento sin haber practicado diligencia de investigación alguna tendente a indagar la verdadera finalidad de las expresiones publicadas". Concluyen que aquellas publicaciones que aparecieron en la red social (y que incluína insultos como "mala zorra" y "sinvergüenza", así como "menuda furcia? FUR-CIA? hija de puta") son "objetivamente ofensivas y difamatorias excediendo, al menos en su tenor literal, de los límites de la libertad de expresión y del derecho de crítica que un personaje público, por razón de su cargo, debe soportar," motivos por los cuales interesan "la revocación de la resolución recurrida y la práctica de las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos". La Audiencia Provincial estima así el recurso que habían presentado tanto la Fiscalía como la propia Diputación después de conocer el archivo del caso por parte del juzgado de instrucción y ordena la práctica de nuevas diligencias.

Carmela Silva, a preguntas de los periodistas sobre la decisión de la Audiencia de reabrir el caso, aseguró que "en esta sociedad tenemos que ser capaces de poner límites a todas las violencias machistas". Señaló que las expresiones más graves de este machismo son "las que tienen que ver con las lesiones y los asesinatos pero hay muchas otras que parten del insulto, del uso de nuestra imagen como si fuéramos objetos y no personas libres".

Sanción "obligada"

"Considero que lo que hizo la Audiencia Provincial es lo que hay que hacer", añadió, dado que esta firmemente convencida de que "una sociedad decente, una sociedad avanzada, una sociedad que quiera contar con más de la mitad de la población que somos las mujeres, no puede permitir que se nos insulte y que eso quede sin sanción, es fundamental y obligado que sancionemos este tipo de comportamientos".

La presidenta de la Diputación reiteró que está "satisfecha" por esta decisión judicial pero "no en mi nombre, sino en nombre de los derechos de todas las mujeres". "La sociedad debe saber que frente a estos insultos hay instrumentos para hacerles frente también en el ámbito judicial", finalizó, tras recalcar que "hay miles de mujeres que sufren este tipo de insultos" al igual que ella pero que "no tienen voz" para denunciarlo como ocurre en su caso.