Una nueva sentencia devuelve a los vecinos terrenos ocupados por la administración de forma irregular durante el franquismo. Ocurrió anteriormente con el solar en el que se levanta la base militar de la Brilat y ahora la historia se repite con la finca en la que se construyó en la década de los 70 del siglo pasado el hospital público de Montecelo. El juzgado de primera instancia número 4 de Pontevedra comunicó ayer a las partes la sentencia en la que estima totalmente la reclamación sobre los terrenos realizada por la comunidad de montes de Mourente. De tal forma que la magistrada devuelve la titularidad de la parcela a los comuneros, declara la nulidad de la cesión realizada en su día por el Concello a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social y condena a esta a cancelar en el Registro de la Propiedad la inscripción de los terrenos a su nombre.
Como en anteriores ocasiones, la demanda prospera en base al principio de imprescriptibilidad de la titular del monte vecinal mancomunado.
Desde la comunidad de montes recuerdan que la demanda civil fue promovida por este colectivo de Mourente "ante la posibilidad de que estos terrenos se privatizaran y después de que fracasaran" los intentos de los comuneros "por firmar un acuerdo con la administración sanitaria para garantizar que el funcionamiento del hospital de Montecelo mientras fuese una instalación sanitaria pública".
La sentencia no es firme, por lo que los comuneros se preguntan si las administraciones públicas (Seguridad Social y Concello, que son los demandados) piensan recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial "dilapidando dinero público para no perder un terreno que ya les fue ofrecido para seguir siendo utilizado como centro sanitario público" por la propia comunidad de montes. Este colectivo recuerda que la sentencia también obliga a la administración a pagar las costas del proceso judicial.
Los comuneros confían en que impere "el sentido común" y que las administraciones optan finalmente por abrir una vía de diálogo frente al enfrentamiento por la vía judicial, lo que también facilitaría un acuerdo sobre las condiciones en las que se podría continuar utilizando los terrenos de Montecelo para su uso actual.
Instan al diálogo
"A pesar de la miopía política y la torpeza jurídica demostrada por las administraciones públicas -recalcan los comuneros- que prefirieron el enfrentamiento a la negociación y empujaron a la comunidad de montes a los tribunales, esta se reafirma en su disposición de posibilitar el funcionamiento futuro del hospital Montecelo como centro sanitario público que fue siempre", indicaron ayer.
Carlos Morgade, presidente de la comunidad de montes, reconoce que la administración deberá pactar con ellos "unas condiciones" para que el terreno sobre el que se levanta Montecelo -y que ellos inscribirán como de su propiedad en los registros públicos en cuanto la sentencia sea firme- pueda seguir siendo utilizado como hospital público. Morgade insistió en que las condiciones serán "muy favorables" para la administración en el caso en el que se garantice que el hospital tenga carácter público y no haya privatizaciones.
Morgade eludió ayer hacer "elucubraciones," sobre qué tipo de condiciones son las que exigirá la comunidad de montes para mantener la cesión de los terrenos de Montecelo al Estado, entre otras cuestiones, porque primero será necesario que la propia administración (tanto la Seguridad Social, titular del terreno y quien está pleiteando; como el Concello, que son codemandados; como la Consellería de Sanidade, que gestiona el hospital) decida cuál es su proyecto de futuro para Montecelo. Cabe recordar que el propio conselleiro de Sanidad indicaba ayer que todavía está elaborando una propuesta a la hora de diseñar las infraestructuras sanitarias y hospitalarias de la ciudad.
Es por ello que, aunque no lo descartó, no quiso valorar si se tratará de condiciones similares a las exigidas en su día por los comuneros de Salcedo con la base de la Brilat como fue el pago de un canon anual. En cualquier caso, insistió, serán condiciones que deberán salir de la asamblea de la comunidad de montes y no de la junta rectora. En lo que sí insistió en su llamada al diálogo. Si hay voluntad de diálogo real y se garantiza el carácter público de Montecelo, darán muchas facilidades para un acuerdo.
