Ence muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley, que no afecta a su prórroga

El informe de la Xunta se remite a Medio Ambiente justo un día después de que el Tribunal Constitucional haya estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Socialista contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la ley de Costas de 1998 y que aprobó el gobierno del PP en 2013.

La sentencia declara "inconstitucional", entre otros, la reducción de protección para la isla de Formentera y sus salinas, para la que la Ley establece un dominio público menor que en el resto de España, lo que le permitiría esquivar determinadas imposiciones de la norma.

El Constitucional considera que la reducción del dominio público marítimo-terrestre en Formentera no está lo suficientemente justificada para explicar por qué este territorio debe recibir un tratamiento diferente, por ejemplo, al resto de las Islas Baleares.

La sentencia tampoco admite que se excluyan del dominio público marítimo-terrestre las zonas "que sean inundadas artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto", como el caso de las salinas. Asimismo, anula una disposición de la Ley que legalizaba una depuradora considera ilegal por el Tribunal Supremo.

Desde Ence se valoró positivamente la sentencia del TC dado que avala esta norma en lo que se refiere a las actividades empresariales y, por lo tanto, tampoco al trámite de renovación de la concesión que ocupa actualmente el centro de operaciones de la compañía en Pontevedra. De hecho, "la sentencia "avala la constitucionalidad de la renovación de la concesión que está solicitando Ence", aseguran desde el grupo empresarial.

Es por eso por lo que Ence da valor a este pronunciamiento y considera que "este fallo viene a sumarse a otros importantes hitos que demuestran la falsedad de determinados argumentos esgrimidos contra Ence". Es el caso, aseguran, del expediente de caducidad que afectaba a la concesión y para el que hubo resolución hace menos de cuatro meses. La empresa insiste en que "la resolución de este expediente demostró que no existen causas para decretar la caducidad de la concesión".