Costas despeja algunos de los últimos nubarrones en el horizonte de Ence. La dirección provincial de este organismo acaba de emitir una resolución contraria a los argumentos con los que se cuestionaba los planes de la empresa de prorrogar la actividad más allá de 2018. El documento, pendiente de que sea ratificado por el Ministerio de Medio Ambiente, establece una caducidad parcial de la concesión en Lourizán, pero ésta no afectaría a la superficie donde se centra la fabricación, sino a la depuradora de Lourizán y al emisario submarino. El documento, en todo caso, propone medidas para legalizar tanto estas últimas instalaciones como el comedor de la factoría, que en su momento se construyó sin autorización. Únicamente se insta a eliminar un campo de fútbol, aunque sin aportar plazos concretos.
La responsable provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, firma un escrito en el que no solo no se pone en cuestión el recinto donde se desarrolla la actividad industrial de la pastera, sino que abre así la puerta a la consolidación de anexos también cuestionados por el colectivo ciudadano. El informe de Costas, firmado por su directora, Cristina de Paz Curbera y Llovet, llega tras un largo proceso iniciado por la asociación ecologista Salvemos Pontevedra, que tras una década logró que el Tribunal Supremo mandase iniciar el proceso de caducidad por el silencio reiterado de las administraciones.
Tanto Salvemos Pontevedra como la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y el Ayuntamiento de Pontevedra, así como la propia empresa, presentaron alegaciones ante Costas, que finalmente entiende que sí hubo incumplimiento de las condiciones de la concesión. Pero éstas solo tienen un efecto "parcial" que, en la práctica, obligará a levantar un campo de fútbol. Una medida para la que, además, no se establece otro plazo que aquel que asegura que sus usuarios disponen de un recinto alternativo que puedan emplear de manera similar.
Las demás instalaciones citadas, como la depuradora de aguas o el edificio que se emplea para comedor de la empresa, se declaran como no cubiertas por la concesión pero legalizables. Es el caso tanto de este último recinto, para cuya regularización insta a la empresa, como del primero (y también el emisario), cuestión que compete a la Xunta como así queda recogido en la propuesta. El informe en ningún momento se refiere a los supuestos incumplimientos ambientales más que para decir que la autorización ambiental integrada de la Xunta en vigor "garantiza" el cumplimiento de las exigencias en la materia.
La propuesta de resolución no se pronuncia sobre la falta de transmisión de la concesión cuando la empresa se privatizó, porque dice que la sentencia que manda incoar el expediente en trámite tampoco se refiere a la cuestión. El escrito de Costas también avala obras de la empresa en los terrenos más allá de las autorizadas originalmente.
Ocho meses de incógnita
Este escrito de Costas aclara por tanto el futuro de la empresa cuando se cumplen ocho meses de la noticia que suponía un varapalo a las aspiraciones de Ence de conseguir, cuanto antes, asegurar su porvenir. El Ministerio de Medio Ambiente confirmó el 21 de octubre que la solicitud de prórroga de la concesión realizada por Ence se encontraba en suspenso hasta que no se resolviese el expediente de caducidad de la concesión a Ence.
De hecho, mientras que no finalice dicho expediente no se podrán iniciar los trámites para prorrogar la presencia de Ence en la Ría de Pontevedra más allá de 2018, aclararon entonces fuentes del ministerio que dirige Isabel García Tejerina. En este aspecto, el reglamento de la nueva Ley de Costas, que permite solicitar prórrogas para las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, es claro: cualquier posible prórroga de la concesión no se podrá tramitar si hay un expediente de caducidad en curso y esto es lo que ocurre con Ence, explican desde el Ejecutivo, en cumplimiento de la sentencia ratificada en junio de este año por el Tribunal Supremo para la resolución del expediente de caducidad.
Fue una sentencia dictada inicialmente por la Audiencia Nacional y ratificada el pasado verano por el Alto Tribunal la que ordenó a la Administración a revisar la concesión otorgada a Ence en 1958 dado que el uso de la parcela podría no coincidir con parte de la actividad actual en esos terrenos, debido a la existencia de los mencionados recintos de una depuradora, un comedor autoservicio y otras edificaciones, según detalló en su día el colectivo denunciante, Salvemos Pontevedra.
