Tenso pleno en A Lama por la adjudicación del Servicio de Atención a la Familia

La corporación municipal de A Lama celebró ayer un tenso pleno centrado en la adjudicación del Servicio de Atención a la Familia a la empresa Servizos Sociais á Comunidade S.L.. La crispación llegó a tal punto que el grupo municipal socialista optó por abandonar la sesión plenaria tras un enfrentamiento entre su portavoz y el alcalde.

El concejal socialista, Enrique Vaqueiro, calificó de "chapucera" la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio y asegura que "bordea la ley". A esta acusación respndió el regidor popular, Jorge Canda, resaltando que "fue la única empresa que cumplió con todos los requisitos legales exigidos en el pliego de contratación".

Según Enrique Vaqueiro, "la empresa a la que se pretende adjudicar no cumple con los requisitos legales, fue mal valorada por la mesa de contratación, no cumple con la Ley de Protección de Datos, ni prevención de riesgos laborales, ni seguro de accidentes para sus trabajadores y a precio de 9,70 no cumplirá tampoco con el convenio colectivo de la Xunta".

Recuerda el PSOE, que "el administrador general de la empresa está siendo investigado por el juzgado número 2 de Pontevedra por gestión fraudulenta, fraude a la Seguridad Social y falsificación de documentos públicos".

Por ello, Vaqueiro exige al alcalde Jorge Canda que entregue la copia del contrato en vigor con la empresa al Valedor do Pobo, a la vez que el PSOE se plantea acudir al juzgado.

Por su parte, Canda considera "sorprendente" que justo en el momento en el que se estaba explicando las razones técnicas que justificaban esta decisión el portavoz socialista, Enrique Vaqueiro, se dirigiera a él y al equipo de gobierno en actitud desafiante amenazando con llevar al juzgado a los que votaran favorablemente a esta adjudicación aduciendo que la empresa que iba a resultar adjudicataria no cumplía con determinadas obligaciones legales sin aportar pruebas al respecto.

Sin documentos

Otra cuestión que "sorprendió" a los miembros del equipo de gobierno fue que el portavoz socialista llegó a afirmar que la empresa tenía graves incumplimientos con la Seguridad Social y Hacienda e incluso podría estar inmersa en procesos judicales "sin aportar ninguna documentación que respaldara estas afirmaciones, obrando en posesión de los servicios técnicos del Concello los obligados certificados que acreditan que está al corriente de pago de la Seguridad Social y Hacienda".

Tras el abandono de los dos concejales socialistas, los cinco ediles del Partido Popular aprobaron, en base a los informes técnicos favorables aportados a la mesa de contratación por los operarios municipales, la contratación del SAF a la empresa Servicios Sociais á Comunidade, S.L.