Pontevedra y Poio acuden a la Xunta tras cerrar sin acuerdo la última negociación por los lindes

El conflicto de límites entre Pontevedra y Poio quedará definitivamente en manos del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y, en última instancia, de la Xunta. Así lo admitieron ayer el alcalde poiense, Luciano Sobral, y el concejal de Patrimonio de la capital, Vicente García Legísima, tras fracasar el último intento de negociación y diálogo entre ambas partes. Técnicos de los dos concellos trabajan desde hace tiempo en concretar una linea de deslinde, desde el Castrove hasta las marismas de Alba, que sea aceptada por todos. Ese trabajo de acercamiento dio sus frutos en algunos puntos, pero se constató que las posturas aún son muy alejadas en las proximidades del río. Así quedó claro en las comisiones municipales celebradas, por separado, el pasado martes, donde cada municipio se ratificó en sus propuestas. El expediente, por tanto, se envía ahora a la Xunta, que solicitará un informe del IGN y que, en teoría serviría de base para la solución final. Pontevedra aún tiene previsto celebrar hoy una nueva reunión de su propia comisión, para ratificar lo que ya está decidido: que no hay acuerdo en las marismas de Alba, Domingo Fontán y Parque de Bomberos.

Sobral explicó ayer que en el entorno del río, Poio insiste en su pretensión de que el territorio desde el puente das Correntes hacia A Caeira pase a su concello, dejando en Pontevedra el propio viaducto, mientras que la capital aboga por conservar el Parque de Bomberos. En cambio, en otras zonas si había un acercamiento, como en el entorno de O Vao, pero la representante de la asociación de vecinos, Carmen Esperón, integrante de la comisión poiense, dejó claro que "si se aceptaba, sería recurrido por ellos". El alcalde de Poio asegura que con los deslindes sobre la mesa, la sede social de este colectivo vecinal queda repartido entre los dos municipios, algo que Esperón trata de evitar planteando su integración total en Poio. Otro punto de discrepancia se sitúa en el polígono empresarial Granxa do Bao, donde existen propuestas que "parten en dos algunas naves", algo que no se acepa desde ninguna de las partes.

Informe del IGN, clave

Así las cosas, el informe que elabore el Instituto Geográfico Nacional (IGN) sobre el límite territorial entre Pontevedra y Poio será la clave que sirva a la Xunta para decidir de forma oficial la frontera entre ambos municipios y resuelva si el parque de Bomberos, la calle Domingo Fontán o parte de las marismas del Alba están en uno u otro concello. Representantes del IGN ya participaron en la reunión conjunta celebrada el pasado 5 de febrero, cuando tampoco hubo a cuerdo.

Ahora es el turno de la Xunta y del Instituto Geográfico Nacional , al que el Gobierno gallego debe pedir su opinión. En todo caso, tal y como admiten todos, sea cual sea el dictamen, todo apunta a que será recurrido por el municipio que se vea perjudicado e incluso por algún colectivo social o vecinal. Tampoco hay un plazo establecido, toda vez que hace años que el mismo Instituto Geográfico Nacional elaboró también una propuesta para el deslinde entre Pontevedra y Marín en el recinto del Puerto que la Xunta nunca llegó a confirmar.

El conflicto entre Pontevedra y Poio se centra en las 8 hectáreas en disputa entre A Barca y O Vao, donde se ubican la Comandancia de la Guardia Civil, el parque de Bomberos, parte de las marismas del Alba y de la calle Domingo Fontán, que quedan sin ningún tipo de ordenación urbanística. Pero además están en discusión 15 hectáreas más en el Monte Castrove y otras siete repartidas a lo largo de la unión de los mojones por la parroquia pontevedresa de Campañó y las de San Salvador y San Xoán de Poio. Son, por tanto, 300.000 metros cuadrados "en tierra de nadie".

Años de discrepancias

En marzo de 2013 se reunieron las dos comisiones municipales en presencia de medio centenar de vecinos directamente afectados. El desacuerdo llevó a firmar un "acta de disconformidad" que obligaba a intervenir a la Xunta. En aquella ocasión, ambas partes admitían que "estamos ante una situación que hay que solucionar según marca la ley", en especial porque "el TSXG nos demanda que se resuelva un conflicto que ya acumula muchos años" y que deja en suspenso cualquier tipo de ordenación urbanística en el entorno del río Rons. Ambas comisiones esgrimen una extensa documentación pero con dos actas de deslinde. Una de 1898 y otra de 1938.

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