Comerciantes de Seixo y ambulantes discrepan sobre los perjuicios del futuro mercadillo

La Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia cargó contra la concejala de Feria y Mercados, Crisitina Acuña, tras las declaraciones en el que defendía el nuevo mercadillo ambulante. Los tenderos critican que desde el Concello de Marín no se negociase con los afectados antes de redactar o modificar la ordenanza municipal y señalan además un "claro tinte racista" en las declaraciones de la edil. Además, anuncian los primeros contactos con otros negocios afectados para la creación de "un frente común". Por contra, la asociación de comerciantes y empresarios Marín Sur (Acemas), colectivo que ha solicita este mercadillo, manifiesta que las críticas le parecen "desproporcionadas e injustas".

Los comerciantes de Seixo argumentan que con esta iniciativa de poner en marcha un mercadillo en esta parroquia, han pretendido que sus asociados "tengan un extra de ingresos en estos tiempos difíciles".

Sobre las acusaciones de que un segundo mercadillo causaría graves perjuicios al comercio y plaza de abastos del centro de Marín, el colectivo considera que este perjuicio "no está fundamentado ya que no coincidimos ni en lugar ni en fecha".

Colectivo de ambulantes

A través de un comunicado, desde la Asociación de Empresarios y Comerciantes Ambulantes de Galicia, afirman apreciar una "falta de moral demócrata" por parte del Concello de Marín por no haber negociado con los afectados la ordenanza municipal. Critican además que "no se puede instar a presentar alegaciones a los afectados cuando no se ha consultado con ellos". Así, ven como una imposición y no algo negociado el tener que "en estos momentos presentar alegaciones".

Además, ven "claros tintes racistas" en las declaraciones de Acuña en las que recordaba que los ambulantes de etnia gitana habían sido expulsados del mercadillo por operar con documentación falsa". Los empresarios y comerciantes ambulantes señalan al respecto que "que no se pueden redactar leyes a la carta". Creen que no se puede exigir a los ambulante el cumplimiento de la ordenanza municipal "que no ha sido adptada a las leyes de rango superior", y señalan que "los primeros en dar ejemplo de su aplicación y cumplimiento son las administraciones y cargos públicos" y que "en los juzgados tendrá sus consecuencias hacia los responsables del Concello". Anuncian además los primeros contactos con todos los negocios del centro para realizar un frente común de afectados.