El gobierno local y Sogama entablan negociaciones para saldar la deuda municipal, que suma ya 4,7 millones

Zanjar por la vía amistosa un enquistado conflicto por el canon de la basura entre el gobierno local y Sogama que se remonta a 1999 y que acumula ya decenas de sentencias judiciales en uno y otro sentido. Este es el objetivo de la "mano tendida" que el nuevo presidente de la empresa pública, Javier Domínguez, ofreció ayer al alcalde, Miguel Fernández Lores. para que el Concello salde su deuda, que se sitúa ya en los 4,7 millones de euros desde 2009 hasta ahora, sin contar los intereses acumulados. En ese año Pontevedra logró judicialmente evitar el pago de unos dos millones de euros por un error de Sogama, por lo que fue entonces cuanto la empresa cambió de estrategia ante los tribunales y comenzó a recurrir factura por factura.

Tras el encuentro, ambas partes acordaron "abrir una mesa técnica" de negociación en la que se analice el contrato específico de Pontevedra, al que se aferra el Concello para pagar menos por cada tonelada de basura de lo que factura Sogama, y la sucesión de pleitos judiciales aún abiertos en los juzgados contenciosos de Pontevedra, en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e incluso ante el Constitucional, al que acudió Pontevedra como recurso final ante la última sentencia firme del TSXG que daba la razón a la empresa pública y ordenaba al gobierno local pagar el mismo canon que el resto de municipios adheridos.

Después de un primer encuentro protocolario entre Lores y Domínguez, el presidente de Sogama se reunió con los concejales Raimundo González Carballo y Carme da Silva, para cerrar los detalles de la negociación. González Carballo calificó de "positivo" el encuentro y abogó por llegar a un acuerdo en el que "haya cesiones por ambas partes". Una de las opciones pasaría por eliminar o atenuar los intereses que se acumulan mes tras mes por el pago incompleto del canon. Actualmente la empresa factura cada tonelada a unos 70 euros (sin IVA) pero el Concello paga unos 50 euros al entender que su contrato incluye una cláusula energética que permite reducir la tasa cuando sube la factura eléctrica, pese a que esa cláusula está anulada por los tribunales. Esta diferencia actual de 20 euros por tonelada ya fue muy superior en años ejercicios anteriores.

Domínguez, impulsor de la reunión de ayer, insistió en "mostrar mi disponibilidad a tender la mano a Pontevedra y a los demás municipios" enfrentados a Sogama, en concreto 17 que rechazan la última subida del canon. Su objetivo es "seguir trabajando técnicamente para tratar de llegar a acuerdos extrajudiciales que normalicen estas diferencias", ahora cifradas al menos en 4,7 millones de euros. El presidente de Sogama, pontevedrés y exconcejal del PP en Poio, insiste en que se trata de "resolver el conflicto sin tener que ir a los tribunales" (vía habitual hasta ahora) y que Pontevedra asume "un convenio que es único para los 295 municipios adheridos voluntariamente".

No obstante, admite que el acuerdo puede ser "complicado" toda vez que la cuantía de la deuda es muy elevada y que el conflicto nació en 1999. En todo caso, "vamos hacer el máximo esfuerzo por ambas partes", insiste Domínguez, una actitud que respalda también González Carballo, quien recordó que ya en el pasado hubo acuerdos parciales y "puntos de encuentro" con Sogama que permitieron "resolver situaciones anteriores".