La Plataforma para la Defensa de Marín y su Puerto, integrada por representantes sociales de la villa, se une a los postulados de la Plataforma de apoyo a la industria en la comarca, en este caso compuesta por empresarios, para reclamar seguridad jurídica para el puerto y sus rellenos, y garantizar el asentamiento actual y futuro de las empresas. El colectivo vecinal se reunió ayer con el presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, para exponerle sus postulados y explicar las actividades que están desarrollando en la defensa del "motor económico de la comarca".
Así, esta plataforma ha iniciado una serie de encuentros con los responsables de las administraciones implicadas en el problema, generado por la sentencia judicial que obliga a desmantelar 300.000 metros cuadrados de rellenos portuarios, para instalares a buscar una solución política al conflicto. La agrupación ha solicitado también una reunión con la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que esperan que se produzca la próxima semana -según explicó ayer el portavoz de la plataforma, Antonio Solla- y esperan lograr un apoyo de los restantes grupos políticos con presencia en la corporación municipal.
Para ello la plataforma ha solicitado al gobierno local la convocatoria de un pleno extraordinario y monográfico, que tenga como objetivo "la defensa de nuestro puerto, los rellenos, las empresas, los puestos de trabajo y los servicios de los transportes terrestres".
Confían que arrancar de los grupos políticos locales una reacción "inequívoca" en defensa del puerto y sus empresas.
Por otra parte, esta agrupación ha lanzado un llamamiento a todas las demás asociaciones vecinales, colectivos empresariales y comunidades de montes de Marín, para que se sumen a esta iniciativa en defensa del principal eje industrial y promotor de empleo de la comarca. Consideran que es una reivindicación que debe unir a todos los colectivos y entidades sociales de Marín.
Recientemente esta Plataforma para la Defensa de Marín y su Puerto denunció las "razones ocultas" entre determinados colectivos sociales y algunos partidos políticos que han salido a defender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena la demolición de los rellenos en disputa.
El presidente del Puerto coincidió con esta denuncia, al apuntar que existen razones ocultas "por parte de alguien" para tratar de paralizar la actividad de empresas como Cabomar, que da empleo a "entre 200 y 300 familias", explicó José Benito Suárez Costa.
