El Concello de Pontevedra forzará en la próxima reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria la apertura del debate sobre la necesidad inminente de que la rada cuente con un puerto seco, una plataforma logística que permita al puerto continuar creciendo y que además sirva como tabla salvavidas en el caso de que las sentencias judiciales que obligan a derribar 300.000 metros cuadrados de rellenos portuarios ilegales tengan que ser ejecutadas.

Para el gobierno local pontevedrés, la solución a los problemas de inseguridad jurídica que afectan al puerto no puede demorarse más, o al menos, consideran que el principal motor económico de la comarca debe estar preparado para afrontar de la mejor manera posible esta contingencia. Es por ello que el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, como vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, entregó el pasado jueves una propuesta a debatir en el próximo pleno y en la que pide a la Autoridad Portuaria que "se inicien e impulsen" los trámites y gestiones con otros organismos de las administraciones estatal, autonómica y local con competencias en la materia (como puede ser la SEPES, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta, el consorcio Zona Franca y en menor medida los propios ayuntamientos, entre otros) para proceder a la urgente planificación, obtención y preparación del suelo apto para la dotación e implantación de este puerto seco o plataforma logística intermodal. Asimismo, el acuerdo habilitaría al presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez Costa, para el inicio "con la mayor brevedad posible" de las gestiones necesarias con este fin y de las que informaría de forma periódica al Consejo.

A la espera de conocer como es recibida esta petición en el seno de la Autoridad Portuaria y en el propio Consejo de Administración, el paso dado por el Concello viene a traducirse en una llamada de atención a los dirigentes portaurios para que busquen una solución al problema de inseguridad jurídica que padece la rada y que habrá que asumir tarde o temprano. El concejal de Territorio de Pontevedra, César Mosquera, explicó que la necesidad del puerto seco es indudable "aún en el caso de que al final no haya que ejecutar lo que establecen las sentencias, algo que, en todo caso yo no tendría tan claro que vaya a ser así".

Y es que, para evitar resoluciones judiciales similares en el futuro, el Concello de Pontevedra aboga por evitar convertir al Puerto en un polígono industrial "a veces con empresas que poco tienen que ver con la actividad portuaria" y apostar por este área empresarial en la que se instalarían las firmas vinculadas a la rada. Por lo tanto, el crecimiento del Puerto de Marín y de sus tráficos está ligado, a juicio del Concello de Pontevedra, a la creación más tarde o más temprano de este espacio empresarial. En definitiva, disponer de esta previsión de área logística "despejaría el horizonte" del puerto.

Mosquera también quiso dejar claro que lo que está pidiendo el ayuntamiento capitalino no es la ejecución de este nuevo parque empresarial, sino impulsar los trámites urbanísticos para que pueda ser construido en el menor tiempo posible en el caso "que las amenazas que actualmente penden sobre el Puerto de Marín se efectivicen". Es por ello que indica que la medida no implicaría un excesivo coste para las arcas públicas.

Situación judicial

Según una sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de julio, la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra deberá demoler 300.000 metros cuadrados de rellenos ilegales si quiere dar cumplimiento a la ya famosa sentencia de octubre de 2009 que anulaba el primer Plan Especial del Puerto del año 2000, al tiempo que declaraba ilegales estas obras hechas a su amparo.

El Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la propia Autoridad Portuaria, representada por el Abogado del Estado, así como por la mercantil Cabomar Congelados (antigua Tradepana) cuya nave también se encuentra afectada por esta resolución judicial. En su recurso, la Autoridad Portuaria solicitaba que se diera por ejecutado el fallo judicial con la aprobación de un nuevo plan especial que subsanaba los errores del primero, pero el Supremo desestimó esta pretensión.

Esta última sentencia del Supremo no viene a confirmar al ilegalidad de los terrenos, algo que ya hizo el propio Supremo en un fallo de 2009, sino a ratificar que su demolición parece ser el único paso para dar por ejecutada dicha sentencia. La decisión del Supremo ya ha sido notificada a las partes, según confirmaron fuentes del TSXG.