"Si en este país aún queda vergüenza, las instituciones tendrán que cumplir las sentencias judiciales y los responsables políticos tendrán que dar cuentas de sus acciones", manifestó Eladio Torres, presidente de la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres, que logró que los tribunales declarasen ilegales los rellenos del puerto y el ramal ferroviario que atraviesa en superficie la plaza de este barrio. Con pronunciamientos firmes del Tribunal Supremo, el colectivo vecinal instará al juez "a hacer cumplir las sentencias" y, en consecuencia, retirar los 300.000 metros cuadrados de tierra con los que se ha rellenado la ría.
Será el próximo septiembre -en agosto apenas hay actividad judicial-, cuando la plataforma retome su campaña para que se haga cumplir la ley. Hasta ahora han observado "perplejos, atónitos", indica Torres Castro, la "indiferencia" con la que los responsables públicos han recibido este demoledor fallo, así como la "invisibilidad" del problema en los diferentes estamentos políticos. Como ejemplo, Torres apunta la última reunión del Consello Económico e Social de Pontevedra, un foro en el que se deberían tratar las cuestiones que afectan al desarrollo de la ciudad y la comarca, en el que sin embargo no se incluye el que puede ser el mayor problema económico y social de Pontevedra: la obligación de desmantelar gran parte del primer polígono industrial de la comarca.
"Ni se menciona, es como si las sentencias estuviesen para comentar en la cafetería y no para cumplirlas; lo malo es que en algún momento los políticos van a tener que asumir que los dictados del juez hay que cumplirlos y hasta ese momento parece que nadie va a empezar a buscar soluciones", razona Torres.
Más de cien sentencias
La plataforma vecinal a la que más de un centenar de sentencias en distintos órdenes han dado la razón a lo largo de los últimos 15 años, recuerda que tanto en los rellenos del puerto como en el ramal ferroviario, las instituciones públicas han gastado "centenares de millones de euros de todos nosotros, de los contribuyentes", sin que parezca que nadie esté dispuesto a asumir responsabilidades por ello. Y mientras la clase política todavía confía en no llegar a cumplir las sentencias -argumenta Torres Castro-, nadie busca una alternativa para las empresas que tendrán que abandonar los rellenos que ahora ocupan.
"Parece que se lo están tomando muy a la ligera, como si todos esperasen que le toque a otro solucionarlo; igual que los que en su día empezaron una obra ilegal sabiendo que era ilegal, pero dejando el problema para los que vengan detrás", explica Torres. "Da la impresión de que están esperando a encontrar a quién cargarle el muerto sin tomar ninguna decisión", añade.
"Al contrario que los responsables políticos, los ciudadanos han empezado a tomarse el problema muy en serio", explica este portavoz vecinal. "La gente me pregunta cuánto se ha gastado ahí; después de todo lo que ha pasado en este país, con aeropuertos sin aviones y cuentas en Suiza, nadie permanece indiferente ante lo que hagan los políticos con su dinero", advierte el presidente de "Praza dos Praceres".
Pasado el mes de agosto, la plataforma vecinal retomará la actividad para recordar a los jueces que hay unas sentencias sin cumplir y que los responsables públicos no hacen nada al respecto.
