Instado por el concelleiro de Urbanismo, Antón Louro, y con el visto bueno de la comisión municipal que preside, los servicios jurídicos del Concello analizarán el convenio urbanístico firmado por el gobierno local y Tafisa en 2003 y la actualización de 2005 para la recalificación de los terrenos que ocupaba la empresa a orillas del río Lérez. El objetivo es determinar hasta que punto obliga a la compañía al mantenimiento de la actividad y el empleo en la comarca y si existe "algún tipo de incumplimiento o traza de incumplimiento que nos permita actuar por la vía del diálogo o judicialmente" para frenar el cierre de la planta de tableros de A Reigosa, tal como explicaba ayer el propio concelleiro.
Reconocía, eso sí, Antón Louro que el convenio no obliga a la empresa a mantener su actividad y los puestos de trabajo durante un determinado número de años, lo que limita la pretendida capacidad de presión sobre Tafisa para que dé marcha atrás al cierre y consecuentemente al despido de la plantilla.
