Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad dice una cosa, un segundo órgano defiende la contraria, y un tercero ofrece una versión intermedia. Y todo ello, analizando tres reclamaciones prácticamente idénticas formuladas por la empresa Construcuatro contra la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) elaborada por el Concello para otros tantos inmuebles de esta promotora. La ruleta que a veces semeja ser la Justicia se pone de manifiesto en este llamativo asunto en el que tres magistrados ofrecen una visión distinta del mismo caso.

En las tres reclamaciones, Construcuatro se oponía a otros tantos acuerdos, del mismo día (el 10 de abril de 2013) del Tribunal Económico-administrativo del Concello, y acudía a los juzgados del ramo con el argumento de que la decisión municipal "contraviene el criterio jurisprudencial del Tribunal supremo en materia de comprobación de valores en concepto de ICIO". Criticaba que no se efectuara una comprobación in situ del final de la obra y se optara por la "estimación indirecta" para fijar la liquidación de ese impuesto.

El Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 analizaba una liquidación de 75.451 euros a favor del Concello por un edificio en el entorno del instituto Torrente Ballester. El magistrado desestima el recurso empresarial y considera "ajustada a derecho" la estimación indirecta. Añade que "no se considera necesaria la comprobación in situ de la obra". Al Juzgado número 3 le tocó una liquidación de 64.547 euros por un inmueble en la plaza de Barcelos. En este caso, los argumentos que rechazó el número 1 son admitidos por el 3, que anula esa estimación indirecta y reprocha al Concello que "ni siquiera efectuara una comprobación física in situ de la obra".

El tercer caso correspondió al otro juzgado que faltaba, el número 2, relativo a una liquidación de 18.906 euros por un edificio de la plaza da Curtidoira. Aquí se opta por una solución intermedia, al aceptar el sistema estimativo municipal, pero rechazar la propia liquidación al entender que incurre en errores sobre el número de metros cuadrados cuantificados según sus usos finales. Por eso, reclama una rectificación de esas cuentas.

Esta disparidad de sentencias fue analizada ayer por el gobierno local, que ha optado por recurrir la primera de ellas, toda vez que los informes de los servicios jurídicos así lo aconsejan. En ellos se subraya la disparidad de criterios judiciales en una misma ciudad, "con las consiguientes dudas a propósito de la exigencia de un reconocimiento físico de la obra y sobre la viabilidad del método de estimación indirecta para la determinación de la base imponible del ICIO". Estas dudas "justifican que se acuda al Tribunal Superior de Xustiza en aras a alcanzar su definitivo pronunciamiento sobre estos particulares de tanta controversia".