El Concello guarda 7 millones para posibles sentencias contrarias tras abonar 4 por la parcela de Os Gafos

El Concello arrastra del ejercicio de 2013 un remanente de 11 millones de euros de fondos económicos que le permiten disponer de un "colchón" con el que hacer frente a posibles sanciones condenatorias, como acaba de ocurrir con el fallo judicial que ordena abonar más de 5 millones de euros por un solar usurpado en el paseo de Os Gafos. De hecho, ese "colchón" acaba de quedar menguado en cuatro millones de euros ya que el gobierno local ha echado mano de ese remanente para afrontar ese pago referido a Os Gafos.

Con esa reducción, el ayuntamiento aún guarda otros siete millones de euros para hacer frente a hipotéticos "agujeros" con el mismo origen: sentencias condenatorias que impongan indemnizaciones millonarias. Es el caso de Sogama (más de cuatro millones) y pendiente de un recurso ante el Tribunal Constitucional, Veteris o la urbanización del antiguo cuartel de Campolongo. El concejal de Facenda, Raimundo González Carballo, reconoció ayer que se dispone de esos siete millones de euros, si bien apunta que no todo quedará "guardado en el cajón" para asumir sentencias ya que "no se sabe cómo pueden decidir los jueces". De hecho, asegura que "nosotros defenderemos a capa y espada los intereses municipales" añade que las pretensiones económicas de los reclamantes "son mucho más elevadas de lo que finalmente deciden las resoluciones judiciales".

Pone el ejemplo del solar de Os Gafos, donde los propietarios originales reclaman al menos 11 millones de euros pero el juez fijó el precio (entre valor, intereses y multa) en algo más de cinco. "Los servicios jurídicos hacen muy bien su trabajo y si no se pelea, la cantidad hubiera sido mayor", insiste el concejal. De hecho, llegó a cifrar en "al menos siete millones de euros" la cantidad "ahorrada" gracias a los pleitos contra los reclamantes de indemnizaciones, el general, al Concello.

La deuda como fin

Uno de los fines del remanente líquido de tesorería es, precisamente, hacer frente a sus deudas, toda vez que se define como "un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas". Y se añade que "para ello se cuantifican, por un lado, los fondos líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los derechos reconocidos pendiente de cobro, restando a todo ello las obligaciones que están pendientes de pago". Según esa fórmula, Pontevedra aún dispone de siete millones de euros que le permitirían, en principio, hacer frente a la deuda de un millón por el antiguo cuartel de Campolongo (a la empresa que ejecutó la urbanización) a la espera de que la sentencia al respecto sea firme, y a los impagos de Sogama, que oscilarían entre cuatro y cinco millones. Aunque el último fallo judicial, del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) es firme, el Concello ha acudido como último recurso al Tribunal Constitucional, alegando que se han vulnerado unos derechos fundamentales. El asunto todavía está pendiente de que se admita a trámite el recurso de amparo pero si el Constitucional aceptara estudiar el caso, González Carballo ve opciones de éxito.

Interpelación del PP

La consignación de 4 millones para el solar de Os Gafos fue analizado en la comisión de Cuentas de ayer, donde el PP se abstuvo, y será aprobado definitivamente en el pleno del lunes. En esa sesión la oposición interpelará al alcalde, Miguel Fernández Lores, por este asunto y otras sentencias parecidas, ya que a juicio de su portavoz, Jacobo Moreira, el Concello corre el riesgo "de quedar hipotecado gravemente por las sentencias que tiene pendientes" ya que de confirmarse los peores augurios implicarán un desembolso de las arcas municipales de más de 15 millones de euros. Moreira alude expresamente a cuatro contenciosos: el caso Veteris (4,7 millones), el canon de Sogama (4 millones de deuda), la urbanización de Campolongo (un millón) y la ya citada parcela anexa al río Os Gafos (5,3 millones). Estos casi 4 millones permitirán satisfacer el pago de la cantidad principal, los intereses y la penalización del 25% por demora que recoge el auto judicial que tasó en 5,3 millones el valor de los 6.000 metros cuadrados ilegalmente usurpados por Augas de Galicia cuando construyó el parque urbano. El Concello ya abonó 1,3 millones.

Esta consignación forma parte de una modificación de crédito de 4,17 millones de euros que incluye otras partidas de menor cuantía, entre ellas una de 50.756 euros para sufragar las obras de reparación del pabellón, dañado por los temporales del invierno, y otra de 126.894 euros para el tercer plazo del plan de prevención de Monte Vivo.