Pontevedra endurecerá su futura inspección técnica de edificios con exigencias de eficiencia energética

La ordenanza que el gobierno local quería aplicar este año queda en suspenso para añadir las nuevas condiciones que marca la ley

Vista área del centro histórico, donde están censados unos 700 edificios.  // Rafa Vázquez

Vista área del centro histórico, donde están censados unos 700 edificios. // Rafa Vázquez

N. D. | PONTEVEDRA

La ordenanza de inspección técnica de edificios que el gobierno local quería aplicar desde este mismo año para exigir un "certificado de seguridad" a aquellos inmuebles que superen el medio siglo de antigüedad, se verá endurecida en los próximos meses con la incorporación de nuevas exigencias, en especial en materia de eficiencia energética, unos requisitos que en muchos casos no cumplen en la actualidad residencias antiguas y que, en su caso, obligarían a los propietarios a realizar inversiones no previstas de mejora.

La Concejalía de Urbanismo que encabeza el socialista Antón Louro comenzó el pasado año a trabajar en la elaboración de la ordenanza de Inspección Técnica de Edificios (ITE), pero el asunto quedó paralizado, tras varias reuniones con colectivos profesionales, para centrar los trabajos en otras ordenanzas municipales. Pero la principal razón de que el asunto haya quedado temporalmente en suspenso es la nueva normativa estatal sobre eficiencia energética. Según los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos la ITE debe comprobar el estado de conservación del edificio, sus condiciones básicas de accesibilidad" y, como novedad con respecto al borrador anterior, una " certificación de la eficiencia energética del edificio", que se obtiene mediante la medición de la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación y calculando las emisiones de CO2.

Una vez que el Concello redacte y apruebe la ordenanza de Inspección Técnica de Edificaciones con las nuevas condiciones establecidas, los propietarios estarán obligados a revisar en profundidad todas las condiciones de seguridad de los edificios con cierta antigüedad, pero también sus "emisiones" de CO2. Si finalmente, como se espera, esta norma está en vigor en 2015, estarán sometidos a este análisis todos los inmuebles construidos antes de 1965 en el municipio, una antigüedad que ya alcanza a más de un tercio de todos los edificios residenciales, alrededor de 4.500, según el reciente censo de viviendas dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística.

Este balance revela que en el municipio hay unos 11.700 edificios dedicados principal o exclusivamente a viviendas, lo que excluye otros usos y de ellos, la inmensa mayoría (más de 4.400) son unifamiliares. De hecho, con 40 viviendas o más apenas hay sesenta edificios en toda la ciudad.

De esos 11.700 un 10% (poco más de mil) fueron construidos en el siglo XIX o antes, mientras que otros 600 corresponden al periodo de 1900 a 1920. En los veinte años siguientes, hasta 1940 hay 700 edificios más y desde ese año hasta 1970 se suman otros 3.300. Por su parte, los bloques residenciales y hogares unifamiliares construidos en las dos últimas décadas (desde 1991) son más de 2.800, casi el 25% de todo el parque residencial.

En conjunto, anteriores a 1965 se calcula que hay 4.500 edificios (el 38% del total) únicamente destinados a uso residencial, al margen de los empleados en otras funciones. Todos ellos son los que deberán superar, una vez que entre en vigor la ordenanza, una exhaustiva inspección de todas sus condiciones de seguridad que incluye los sistemas eléctricos, cubiertas, cimentaciones, fachadas, instalaciones de agua y demás elementos que inciden en el buen estado de los inmuebles, así como el apartado energético.

Medio siglo

El gobierno local aún no ha decidido de forma definitiva la "edad" de los inmuebles que deben ser sometidos a esta inspección. No obstante, el medio siglo se perfila como la antigüedad final. Cada vez que un edificio cumpla 50 años sus propietarios deberán contratar un equipo técnico que analice todos esos aspectos de seguridad y energía y emitir un certificado que determine el estado real de la edificación y, de ser el caso, establezca qué mejoras precisa.

Esta inspección tendrá que renovarse, además, cada 15 años. Este plazo de 50 años es el tope que fija la ley y se ha descartado en el Concello, por el momento, reducirlo a un periodo más corto.

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