La instalación de una antena de telefonía móvil en el tejado de una vivienda particular de la rúa Cabanas ha llevado a los vecinos de la zona a urgir su inmediata retirada tras constatar su ilegalidad. Los residentes de esta calle, situada entre la avenida Porteliña y Anafáns, apremian al gobierno local a que tome cartas en el asunto. Algo que desde el bipartito ya se hizo ayer, instando al propietario a su retirada y advirtiéndole de la imposición de sanciones de hasta 6.000 euros en caso contrario.

La junta de gobierno local abordó la polémica después de que se produjesen varias denuncias vecinales y de que tanto el titular de la casa como la empresa para la que prestaría servicio la antena, Vodafone, no contestaron a los requerimientos enviados a finales del pasado año. Fue entonces cuando los agentes de la Policía Local acudieron al inmueble e hicieron un informe en el que se daba cuenta de la existencia de esta antena, que estaría integrada en la chimenea.

Desde el Concello apuntan que esta antena "no es legalizable" ya que incumple los requisitos incluidos en el PXOM para este tipo de equipamientos. Además "no consta en los archivos municipales la licencia de obras o actividad para esta antena ni la presentación por parte de ninguna empresa del plan de implantación, condición necesaria para tramitar cualquier licencia", se expone en el documento técnico que se abordó en esta última junta de gobierno local.

Los vecinos de la zona pusieron en conocimiento los hechos hace ya un par de años, pero ante la falta de respuesta municipal, decidieron retoman su solicitud a finales del pasado año. Lo hicieron advirtiendo a los agentes municipales . Así, el 9 de diciembre desde el Ayuntamiento se le envió un escrito tanto a la persona que aparece empadronada en esta casa como a las oficinas de Vodafone en A Coruña. Superado el plazo para la contestación, de nuevo los vecinos han insistido al gobierno local para que se proceda a su retirada. Un grupo de residentes acudió hasta el Concello la semana pasada para reclamar al alcalde que se impulsase el procedimiento para poner punto final al funcionamiento de la antena.

De esta forma, superado el plazo en el que las partes tenían para enviar la documentación requerida, la junta de gobierno local ha optado por pedir el cese cautelar, para el que se propone un plazo de tiempo que será de 15 días. Si concluido éste se constata que los responsables de la antena siguen sin eliminarla, se procederá a multas que parten de los 600 euros y pueden llegar hasta los 6.000. El plan urbanístico rechaza la instalación de antenas en núcleos de población y zonas urbanas.