La alcaldesa, Catalina González, se reunió ayer con el grupo de padres afectados por las ayudas a hijos menores concedidas por el Concello y que no fueron finalmente pagadas. Tras una hora y media de reunión, nada sacaron el limpio. Por una parte, la regidora se mantuvo en su postura de no pagar estas ayudas prometidas en 2010 de 720 euros a causa de los recortes presupuestarios, mientras que los afectados aseguran que seguirán luchando por algo que les pertenece.

González llegó a plantearles que si alguno de estos padres tenía graves problemas económicos recurrieran a ermergencia social, lo que algunos de los asistentes interpretaron como "una burla".

La polémica surgió cuando la alcaldesa afirmó que dichas ayudas nunca fueron notificadas a los afectados, y por lo tanto no fueron concedidas; a lo que algunos de los asistentes manifestó que el Concello comunicó a varios afectados por mail desde la Alcaldía esta subvención. Según le mostraron el texto decía: "Respondiendo a su correo le comunico que las ayudas menores de 3 años siguen pendientes de pago ya que no ha sido posible librar la correspondiente partida para tal fin en el presupuesto en curso. Motivo por el cual se incluirán en el presupuesto de 2013". Sin embargo, como recordaron los vecinos, "esto no se cumplió".

Por su parte, la alcaldesa anunció que solicitará asesoramiento jurídico para analizar la viabilidad de abonar las ayudas económicas para familias con hijos menores a su cargo correspondientes al período 2010-2011. Según la nota enviada por la Alcaldía, "moralmente entendemos la reivindicación de estas familias ya que anunciamos en su día una nueva convocatoria de las prestaciones de 720 euros porque nuestra intención era continuar con este programa, que después fue eliminado".

La regidora expone que es cierto que el expediente promovido por la Concejalía de Bienestar Social contiene la propuesta de aprobación de estas subvenciones incluyendo el listado de posibles beneficiarios, que no llegaron a recibir el dinero puesto que no se dispuso de la partida presupuestaria correspondiente.

Y es que el informe económico financiero del servicio municipal de Intervención, solicitado hace unos días por la Concejala de Bienestar Social, apunta a que en los ejercicios 2010 y 2011 "no consta reconocimiento ni crédito alguno para esta finalidad". El documento ratifica además que en 2012 todas las subvenciones fueron suprimidas por exigencia del plan de ajuste del Concello.

"La finalidad de pedir asesoramento jurídico es la de saber si existe alguna posibilidad de pagar estas ayudas, teniendo en cuenta que fueran convocadas y que contamos con una lista provisional de personas que cumplían con los requisitos exigidos en las bases", apuntó Catalina González, quien emplazó a los peticionarios a una nueva reunión que tendrá lugar en los próximos días, una vez que disponga de la información jurídica requerida.