El Ministerio de Fomento sometía a exposición pública, hace ahora quince años, el proyecto del ramal ferroviario al Puerto de Marín. Se iniciaba así un largo contencioso entre las Administraciones públicas (Fomento, Xunta y Concello) y los vecinos de la pontevedresa parroquia de Lourizán, que desde el primer momento sostuvieron que la línea férrea que iba a atravesar la Plaza de Placeres era ilegal. Este contencioso no ha concluido todavía, pese a que la Justicia ha dado la razón a los vecinos en más de veinte sentencias.

En 2007 el Tribunal Supremo declaró ilegal el trazado ferroviario por Placeres y obligó a reponer la plaza pública a su estado anterior. Actualmente el tren del puerto sigue circulando cada día ante la fachada de la iglesia de San Andrés de Lourizán y a escasos metros del único acceso al colegio Sagrado Corazón de Placeres.

A pesar de las sentencias favorables a los vecinos, éstos tienen hoy en día pocas esperanzas de que se haga justicia. "Estamos ante una trama organizada, de empresarios y políticos, para vulnerar las leyes y el Estado de derecho", afirma el que desde el primer momento ha liderado esta lucha vecinal contra una obra ilegal, Eladio Torres Castro.

Tras quince años de pleitos, manifestaciones, incluso agresiones a los vecinos que trataron de impedir el avance de las obras en la plaza, el Tribunal Supremo cerraba el caso en sentencia firme en marzo de 2007. El fallo obligaba al Estado a reponer la plaza y suprimir los pasos a nivel. Nada se ha hecho.

La ley

Para la Plataforma en Defensa da Praza dos Praceres, los promotores de la obra habían perdido desde el primer momento. Y se basaban en la ley. El reglamento que desarrolla la ley de Ordenación de Transportes Terrestres prohibe expresamente en su artículo 235 la construcción de pasos a nivel en las nuevas líneas ferroviarias. Aún sabiéndolo, la Consellería de Política Territorial que dirigía José Cuiña, y el Ministerio de Fomento en aquel momento regido por Francisco Álvarez Cascos, decidieron seguir adelante con una obra de 12 millones de euros que, según el Tribunal Supremo, habrá que deshacer. El alto tribunal determinó en marzo de 2007 que el Ministerio de Fomento deberá suprimir los pasos a nivel creados en la plaza de Placeres que son "contrarios a la normativa vigente".

Esta sentencia del Supremo ratificaba una resolución judicial previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ordenaba la eliminación de los cruces que atraviesan la céntrica plaza de la Iglesia y daba la razón a la Plataforma en Defensa da Praza dos Praceres.

Varapalo

Tras los intentos de Fomento por "legalizar" la obra, el ministerio recibió el pasado año un nuevo varapalo de la Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional emitió un nuevo fallo que declara ilegales los pasos a nivel de la plaza y resolvía favorablemente una cuestión de ilegalidad planteada por la Plataforma que preside Eladio Torres, contra la disposición adicional quinta de la orden del Ministerio de Fomento, en relación a los tres pasos a nivel.

La Audiencia Nacional reitera que la orden de Fomento conculca una norma de rango superior, la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres que impide la presencia de pasos a nivel en espacios públicos. Nuevamente la Audiencia Nacional estima la petición de los vecinos y anula el último intento de Fomento por legalizar la obra. Previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid instaba al Ministerio de Fomento a que presentase un proyecto alternativo para hacer cumplir las sentencias que declara ilegales dichos pasos a nivel.