La Xunta de Galicia pretende acabar con la propiedad vecinal de los montes en mancomún, para entregarlos a gestores privados. Lo denuncia la Organización Galega de Comunidades de Montes y pone como ejemplo la reciente reapertura del expediente de recalificación de los montes de Noalla, resuelta por sentencia hace diez años en beneficio de los vecinos de esta parroquia de Sanxenxo. El presidente de la organización, Xosé Alfredo Pereira y el titular de la Mancomunidad de Castrove-O Salnés y de la Comunidad de Montes de Combarro, Claudio Quintillán, afirmaron ayer que la Administración autonómica "dispara a la línea de flotación" de las comunidades de montes, con reformas normativas que tienen como propósito acabar con esta institución histórica.

El objetivo es -afirman Pereira y Quintillán- favorecer actividades especulativas, como las plantas de biomasa o la plantación de determinadas especies "más productivas", frente al trabajo de recuperación del bosque tradicional y la puesta en valor de sus recursos, por el que apuestan las comunidades de montes asociadas a esta organización.

Sus portavoces fueron claros al denunciar los movimientos que se están produciendo en determinados sectores privados, con el amparo de la Administración autonómica, para "cambiar de manos" el monte vecinal. Y en este sentido apuntaron el caso "insólito" de los montes de Noalla, en Sanxenxo, reclamados nuevamente por el Concello do Grove, cuando la cuestión había sido resuelta por el Xurado Provincial de Montes, que depende de la consellería. "Abre un peligroso precedente; muchas otras comunidades con lindes pocos claros podrían ser cuestionadas y su titularidad vecinal puesta en peligro", advirtió el portavoz de la organización de comuneros.

Elecciones europeas

Ante esta situación, la asamblea de la Organización Galega de Comunidades de Montes acordó en su reunión del pasado día 9, en Lugo, instar a todos los partidos políticos gallegos a incluir en sus programas electorales la defensa del monte comunal, a través de una legislación específica que garantice su titularidad vecinal. El BNG ya ha respondido positivamente a este requerimiento. "Esperemos que el resto de partidos políticos gallegos sean sensibles a esta demanda, que supone la defensa de una de las señas de identidad de este país", apuntó Pereira. Unas 250.000 hectáreas de monte comunal en Galicia podría pasar a manos privadas, alertó.