La batalla judicial emprendida por el colectivo Salvemos Pontevedra para recuperar las marismas de Lourizán se completó estos días con una nueva sentencia judicial favorable de la Audiencia Nacional. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal acaba de notificar a las partes un fallo en el que se condena a la administración del Estado a la incoación del expediente de caducidad de la concesión otorgada en su día a Electroquímica del Noroeste S. A. (Elnosa) y "a la adopción de todas las medidas legalmente contempladas para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones que no cuenten con concesión administrativa y demás autorizaciones legalmente exigibles".

Cabe recordar que Elnosa era la última de las empresas e instalaciones que en su día se instalaron gracias a una concesión del Estado en las marismas de Lourizán sobre las que todavía no existía un pronunciamiento de este tipo por parte de la Audiencia Nacional. Anteriormente, a iniciativa de la asociación Salvemos Pontevedra, el Estado también se vio condenado a iniciar el expediente de caducidad de la concesión y de paralización de la actividad a Construcciones Malvar, Hormigones Holcim, el Grupo Empresarial Ence, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Placeres y el Emisario Submarino. "Con Elnosa -destacaban ayer desde la Plataforma- se cierra el grupo de empresas que desarrollan sus actividades industriales de forma irregular en las marismas de Lourizán". En la actualidad son ya firmes sentencias similares en el caso de Malvar y Holcim (empresas que ya no están en Lourizán) y están pendientes de casación ante el Tribunal Supremo las de Ence y la EDAR. Esta sentencia de la Audiencia referida a Elnosa también puede ser recurrida ante el Supremo y Salvemos Pontevedra no tienen duda de que tanto el Estado como la empresa la recurrirán "en un intento de demorar lo inevitable", aseguran.

Tras esta sentencia, para este colectivo, "teniendo en cuenta que Elnosa carece de cualquier título habilitante para ocupar y realizar sus actividades industriales (clasificadas molestas, insalubres, novias y peligrosas) en dominio público marítimo-terreste, desde aquí emplazamos a las administraciones públicas competentes (Concello de Pontevedra, Xunta de Galicia, Ministerio de Medio Ambiente) a que den cumplimiento a la sentencia y actúen en consecuencia, procediendo a reparar un despropósito medioambiental histórico en la Ría de Pontevedra.

"Algún día la administración del Estado tendrá que explicar el porqué de su conducta permisiva y cómplice de los infractores", indican desde Salvemos Pontevedra, así como "sus recursos de casación reiterados ante sentencias que condenan usos irregulares y nocivos del dominio público marítimo-terrestre y su recuperación para el uso y disfrute libre y tranquilo de los ciudadanos".