El Parlamento gallego ha propuesto a José Luis Costa Pillado, natural de Cambados y vecino de Pontevedra, para formar parte del Tribunal Constitucional. Los órganos legislativos de las 17 comunidades autónomas propondrán a una persona (en algunos casos pueden coincidir) y posteriormente el Senado elegirá a cuatro de ellos.

-Estará muy ilusionado.

-Es una ilusión y un orgullo que el Parlamento gallego haya depositado su confianza en mí, aunque lo considero un acto de demasiada generosidad para mis méritos.

-¿Y que significaría profesionalmente para un juez como usted trabajar en el Tribunal Constitucional?

-Cualitativamente no encuentro mucha diferencia con lo que he hecho hasta ahora, aunque la transcendencia de los asuntos que se conocen en el Tribunal Constitucional sea mayor para los intereses generales del Estado. Pero si me lo planteo me doy cuenta de que los jueces estamos aplicando la Constitución todos los días, frente a la idea de que ésta la aplica el Constitucional y los jueces aplican las leyes.

-La actividad de los jueces tiene actualmente más repercusión mediática que la de los políticos por sus instrucciones en casos de corrupción. ¿Se han convertido los jueces en el referente ético de la sociedad actual?

-Ni lo somos ni lo pretendemos ser. Somos los referentes de la aplicación imparcial de las normas. Pero nosotros no aplicamos ni nuestra ideología ni nuestros criterios personales, sino lo que los parlamentos han legislado con anterioridad.

-Pero hay que tener cierta valentía para imputar a altos cargos políticos o de la Monarquía.

-Hay determinados jueces que conocen de materias especialmente sensibles, como la corrupción, el terrorismo o el narcotráfico. Pero no es más valiente el juez que lleva un asunto de estas características que aquel al que no le toca por reparto. No hay jueces que se acobarden ante un asunto por su complejidad o transcendencia.

-Usted ha sido juez de primera instancia, decano en los juzgados de Pontevedra, magistrado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Conoce por lo tanto varios niveles de la justicia. ¿Son ciertas sus carencias en medios materiales y humanos?

-Sinceramente, siempre hacía falta más. Se ha invertido mucho en justicia, pero siempre ha sido un poco la pariente pobre en los presupuestos. Quizás ahora las cosas vayan a mejorar porque se está percibiendo una reducción en el número de asuntos que entran en los juzgados de segunda instancia a consecuencia de las tasas judiciales.

-¿Y qué opinión le merece la ley de tasas?

-Estoy de acuerdo en que hay que contribuir algo al sostenimiento de la función judicial, pero considero muy elevados los importes de las tasas.

-Uno de los objetivos de esa ley era reducir la litigosidad. ¿Podría alcanzarse esa meta con otras alternativas, como la mediación previa?

-A nadie le gusta llegar al juzgado, pero cuando surge un conflicto el ciudadano quiere tener a alguien en quien confiar para la resolución de ese conflicto. En estos momentos se confía en la imparcialidad del juez y, en el fondo, no hay una diferencia sustancial entre el papel del mediador y el del juez. Para mí la mediación no es un método de sustitución. En su día también se confió en los actos de conciliación, pero jamás funcionaron.

-Con la crisis hubo un repunte de delitos contra el patrimonio, y a raíz de esto hay quien dice que el Código Penal español es demasiado blando, que propicia la reincidencia.

-Todo depende de la situación económica. En las épocas de bonanza no se plantea que el Código Penal sea blando, y el Código Penal no puede redactarse en función de circunstancias coyunturales.