María Ramallo llega a preguntarse si la anterior responsable de Medio Ambiente y actual portavoz nacionalista, Pilar Blanco "actuaría en connivencia con la concesionaria". La alcaldesa se pregunta "por qué el anterior gobierno local no inició ningún expediente sancionador a la empresa, dados los incumplimientos del contrato, y por qué no apoyó Blanco y su grupo el expediente sancionador que nosotros llevamos al último pleno; ¿a quién defiende, a los vecinos de Marín o a la empresa?", apunta Ramallo. La alcaldesa reprocha al anterior gobierno local que el Concello se vea obligado ahora a afrontar el pago de las actualizaciones que se reclaman a través del juzgado, "porque, no se olviden, año a año había que actualizarles el precio; así lo marca la ley con la subida acordada en el pliego de condiciones que todos firmaron", explica.
Ramallo afirma que en los últimos años no se hizo nunca esta actualización, por lo que el actual equipo de gobierno "que llegó en el peor momento económico para las administraciones, ya tuvo que pagar en los seis primeros meses más de 300.000 euros y ahora estamos peleando en el juzgado, porque nunca se hizo nada, el resto de las cantidades".
"A pesar de la pesada herencia, este gobierno se está empleando a fondo para que la situación mejore y utilizará todos los medios necesarios para que Marín disponga del servicio de recogida que se merece; es nuestra obligación y es lo que todos haríamos para mejorar un servicio que pagamos los vecinos de Marín", apunta Ramallo.
En el último pleno municipal, el equipo de gobierno, con los votos favorables de PSOE y de Mar-In acordó iniciar el expediente sancionador a Urbaser.
