Ya solo queda la comunidad de montes de San Xulián de Marín. Los otros tres colectivos vecinales en cuyos montes se asientan las instalaciones de la Brilat ya han dado su visto bueno al convenio con el Ministerio de Defensa para que ese acuartelamiento continúe en Pontevedra al menos 75 años más. Tras la ratificación del acuerdo el pasado sábado por las asambleas de comuneros de Salcedo y Figueirido, ayer hicieron lo propio los de Vilaboa. En una concurrida asamblea, los vecinos de esta parroquia aprobaron por abrumadora mayoría el documento que garantiza el pago de 1.800 euros al año por cada una de las más de 17 hectáreas cuyo uso cederán al ejército. El convenio recibió el respaldo de más del 90% de los presentes, con un único voto en contra, según explicó ayer el presidente del colectivo, Xabier Míguez.

En todo caso, tanto en lo que se refiere a Vilaboa como en cuanto a Figueirido, habrá que aguardar a cobrar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados por el Ministerio de Defensa contra las sentencias de los juzgados de Pontevedra que certificaron en 2012 que los terrenos eran de titularidad comunal. Míguez, además de confiar en que esa propiedad vecinal quede ratificada, como ya consiguió Salcedo, calcula que esa sentencia del Supremo llegará en julio próximo, aproximadamente.

En la asamblea de ayer, además de poner de manifiesto que Vilaboa fue la primera de las tres comunidades implicadas que abrió la vía judicial para reclamar los terrenos de uso de la Brilat (lo hizo en 2009, y las otras dos en 2010), se analizó con detalle un convenio con Defensa que, en sus términos generales, es idéntico al de Salcedo y Figueirido. En el caso de la comunidad que preside Míguez el documento indica que este colectivo "cede en el estado en que se encuentran el uso al Ministerio de Defensa de una porción del monte Castiñeiras de 15,89 hectáreas de superficie y de otra de 1,58 hectáreas que ahora, en su mayor parte, forman parte del Campo de Maniobras". Se destinarán "en exclusiva a albergar el citado campo a cambio de un canon" de 0,18 euros por metro cuadrado.

No obstante, se añaden dos advertencias. La primera es que dentro de esos terrenos han al menos 1,5 hectáreas "de titulares desconocidos, cuya titularidad y localización se encuentra pendiente de determinar". La segunda es la referida a la sentencia del Supremo. Así, se apunta que "los efectos de este acuerdo respecto de las comunidades de Figueirido y Vilaboa quedarán suspendidos en tanto no adquieran firmeza las sentencias dictadas hasta la fecha que se refieren a estas comunidades". Si el alto tribunal ratifica la titularidad comunal, como así confían los vecinos, Vilaboa comenzará a cobrar el canon de 1.800 euros por hectárea (alrededor de 30.000 euros al año) con efectos del 1 de enero de 2014, pero si no es así habría que revisar el convenio aprobado ayer en asamblea, sin aclarar en qué términos.