Defensa negó ayer la existencia de un preacuerdo con la comunidad de montes de Salcedo y desmintió todos y cada uno de los puntos que integrarían dicho pacto y que fueron expuestos por el presidente de la organización, Fernando Pintos, en la asamblea celebrada el pasado sábado. Precisamente esta asamblea vecinal había sido convocada, en principio, para votar el esperado acuerdo de arrendamiento de parte de los terrenos mancomunados que ocupa la base General Morillo, sede de la Brigada de Infantería Ligera Brilat "Galicia" VII y en ella se explicó que el documento estaba pendiente de la resolución de unos "flecos" . De hecho la reunión finalizó emplazando a todos a una nueva asamblea, que esperan definitiva, a finales de noviembre.

Fuentes ministeriales indicaron que están "muy molestos" por las filtraciones de la negociación que está en marcha y subrayaron que "todavía no han alcanzado ningún principio de acuerdo" en cuestiones tan básicas como: el número de hectáreas de los vecinos de Salcedo que ocupará la base del Ejército en el futuro, el canon a pagar por el arrendamiento, como se articulará o si habrá una cláusula de revisión del precio de alquiler y la duración del contrato.

El propio Fernando Pintos aludió a todos estos puntos en la asamblea para decir que quedaban "flecos" por cerrar para poder oficializar el acuerdo y plasmarlo en un documento que, por otro lado dijo, es de una gran complejidad ya que cuenta con una parte que coincide para las cuatro comunidades implicadas en el proceso -además de Salcedo (Pontevedra), las de Figueirido y San Martiño (ambas en Vilaboa) y San Xulián (Marín)- y otra individualizada para cada una de ellas.

Los comuneros de Salcedo conocieron por boca de su presidente que el Ejército está haciendo mediciones y un nuevo levantamiento topográfico para delimitar el terreno ocupado y cuál pertenece a cada comunidad y valorar, en su caso, hasta donde reducen las hectáreas ocupadas. Asimismo indicó que Defensa planteaba un alquiler por 75 años pero esta pretensión choca con la Ley gallega de montes que autoriza plazos máximos de 30 años y con un planteamiento inicial de los vecinos de alquiler "por tiempo indefinido". Por su parte, Pintos explicó a los vecinos que el Ministerio, al igual que había informado en su día la Comunidad de Vilaboa, plantea un alquiler de 0,18 euros por metro cuadrado (1.800 euros la hectárea) lo que ahora niega tajantemente Defensa.