El TSXG avala la facturación de Sogama al Concello y le obliga a abonar casi 4 millones

Fueron necesarias tres sentencias para que finalmente la Sala de lo Contencioso Sección primera del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), constituida como Tribunal de Casación, diese la razón a Sogama al determinar que el canon único para el tratamiento de residuos que fijó para todos los municipios de Galicia en su Plan de viabilidad para restablecer el equilibrio presupuestario (aprobado por la Xunta y que entró en vigor en 2004) es de aplicación en Pontevedra. Una tesis que el Concello rechazó y rechaza al entender que es una ruptura unilateral del contrato firmado por ambas partes en junio de 1997, al que se incorporó una cláusula adicional en 1999 por la cual la factura se pasa a revisar cada año en proporción al IPC y el precio de la energía.

La ejecución de esta sentencia -cuyo alcance y posibilidad de recurso están analizando los servicios jurídicos municipales- implica que el Concello tendrá que asumir el pago de cerca de cuatro millones de euros sin contar los intereses. Es la cifra resultante de sumar la diferencia entre el canon reclamado por Sogama y el abonado por la administración local desde agosto de 2008 hasta diciembre de 2013, toda vez que el próximo año la Sociedade Galega de Medio Ambiente tiene previsto presentar un nuevo Plan de viabilidad para compensar la caída de ingresos derivada de la pérdida de las primas estatales a las energías renovables.

Pontevedra pagó 31 euros por tonelada de basura entregada a Sogama para su tratamiento y eliminación en virtud del contrato vigente, en tanto que Sogama reclamaba una tasa de 61 euros.

El recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por Sogama ante el TSXG hace alusión directa a la reclamación de las facturas comprendidas entre los meses de agosto y diciembre den 2008, lo que supone la cantidad "de 304.265,02 euros en concepto de principal, más los intereses de demora y los intereses legales devengados desde la interposición del recurso". Sin embargo fuentes de la empresa sostenían ayer que "este criterio judicial regirá la resolución de los procesos pendientes, que ascienden a más de doce, cuya cuantía total se aproxima a los cuatro millones de euros". Una interpretación que podría compartir el concelleiro de Facenda, Raimundo González, aunque en principio él prefiere ajustar a la literalidad de la resolución.

González Carballo aseguraba ayer que si finalmente el Concello opta por no prolongar el recorrido judicial, "pagará lo que tenga que pagar, no hay otra" lo que, sin embargo, añadía, no supondrá un desequilibrio presupuestario para las cuentas municipales pues "en los últimos presupuestos consignamos para Sogama partidas más amplias (de las que correspondían al canon abonado y en litigio) por si venían mal dadas".

Cobertura cuestionada

Este extremo fue cuestionado ayer mismo por el portavoz municipal del PP, Jacobo Moreira, que aludió a la advertencia de la Intervención municipal, recogida en la Liquidación de los presupuestos del Concello de Pontevedra correspondiente al ejercicio 2012. En este documento se puede leer textualmente "non poden ser obviados determinadas cuestións litixiosas pendentes de resolver e que poden derivar en importantes cuantías que poderían chegar a distorsionar gravemente a facenda local de resultaren contrarias aos intereses municipais: se trata do procedemento xudicial correspondente á Sogama; as expropiacións das parcelas do Rio dos Gafos... máis a débeda que reclama Aquagest".

Por otra parte el concelleiro de Facenda subrayaba que el desembolso que tenga que hacer el Concello por los atrasos de las facturas de Sogama no van a repercutir en el recibo del ciudadano porque se cubriría con el cuestionado fondo reservado para este fin.

Lo que si a va a subir la factura del hogar, añadió, es la subida anunciada, y entendida por el PP, de un 33,5% en el precio de la tonelada de basura recogida. Un alza que Sogama justifica con la necesidad de compensar la caída de ingresos por la supresión de las primas a las energías renovables. Esta subida podría traducirse en un incremento de la tarifa doméstica del 20%.