El gobierno local de Poio pedirá una modificación de la nueva Ley de Costas, que afecta al deslinde de varios núcleos de la localidad al ampliar el deslinde de 20 a 100 metros. La único área que podría beneficiarse de esta reforma es Raxó, que en la actualidad está catalogada como suelo urbano. Casalvito y Chancelas, los otros dos núcleos afectados y por los que la corporación mantiene un recurso contencioso, quedan al margen de esta petición por estar calificados como suelos rurales.

El Concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, expuso que si la normativa se mantiene como tal, en el núcleo de Raxó serán la mayoría las viviendas afectadas. "Entre el mar y la carretera de Raxó, donde se encontrarían esos 20 metros, la mayoría de las viviendas están actualmente consolidadas", declaró Barreiro.

El plazo de reclamaciones a la ley termina el próximo 31 de agosto y a partir de esta fecha Costas dispone de un máximo de 18 meses para posicionarse y tomar una decisión.

Única petición posible

La propuesta de modificación de la ley fue expuesta y debatida en el pleno ordinario celebrado ayer en el Concello. Aunque la petición implicaba solamente a Raxó, el debate se extendió a todas las zonas afectadas y a la política urbanística del Concello en general.

El portavoz del Partido Popular, Ángel Moldes, acusó al gobierno de "desaprovechar la petición de modificación de una ley que beneficia a los vecinos de Poio". El Concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, insistió en que ésta es la única petición que se puede hacer respecto a la nueva ley sin pasar por el recurso de inconstitucionalidad presentado la semana pasada, y sin recurrir a la vía legal.

Barreiro inculpó al partido de la oposición de "generar un diálogo de sordos y de contribuir a una terrible falta de entendimiento".

Para el portavoz del PP, la política urbanística del BNG representa una incoherencia con la política ecologista de este partido "algo que seguro que le interesa a las asociaciones que también defienden la ría", lo que provocó un gran revuelo entre los miembros del partido en el poder.

El concejal de Urbanismo, Xulio Barreiro, contestó a las acusaciones alegando que "la nueva ley solamente sirve para que el PP protegía empresas como Ence, que de verdad están afectando a la ría de Pontevedra".

Barreiro manifestó que el propósito del gobierno local no es masificar la costa de la localidad y que "no pasa nada si se construyen seis viviendas más en Chancelas".

Situación actual

Las críticas del BNG y PSOE a la nueva ley se centran, principalmente en una cláusula según la cual las viviendas instaladas en los núcleos afectados no pueden llevar a cabo obras de rehabilitación, aunque si de restauración.

Para el Partido Popular la nueva ley beneficia a los propietarios porque permite adquirir los inmuebles en propiedad.