Con la crisis ha subido el paro, los impuestos y cada vez más familias se ven en dificultades. Esto también ha generado un incremento de la morosidad entre las comunidades de vecinos. La figura del moroso siempre ha estado presente en nuestra sociedad, tanto que a ella se hace referencia en varios refranes populares como "quien en España dineros ha de cobrar, muchas vueltas ha de dar" o "el arte del buen comerciante está más en lograr que le paguen que en vender". Pere Brachfield, morosólogo y profesor de Finanzas de EAE Business School, afirmó en una ocasión que "ser moroso hoy en España aún sigue siendo una opción rentable".

Las administraciones de fincas de la zona de Pontevedra ofrecen cifras variadas con respecto a este tema. Amando Díaz, administrador de Terranium, señala que la morosidad en las comunidades puede ir del 5 al 50%, es este 50% el que señala SIC, de Generali Seguros, como el porcentaje que ha subido la morosidad. En CNG Administración de Fincas, Eva García, administrativo de la empresa, sostiene que la morosidad es 3 o 4 veces mayor que antes de la crisis, es decir, que 1 de cada 3 edificios cuenta con algún vecino moroso, según datos de Ana Moldes, una de las tres administradoras de Nos Administraciones.

Perfil del deudor

El perfil del deudor es muy dispar y no existen unos rasgos comunes con los que poder aglutinar a estas personas. Los administradores destacan que actualmente existen dos tipos de morosos: los de toda la vida y los que se ven en esta situación a causa de la situación económica actual. Los primeros no cumplen con sus pagos por simple capricho o porque siempre han eludido las deudas y se aprovechan de la situación actual para seguir haciéndolo. Según SIC estos representan un 1% del total de los morosos. Por otra parte, los segundos no tienen forma de poder hacerse cargo de las cuotas de su comunidad, se trata de gente que se ha quedado en el paro o que venía ya de una situación económica muy complicada al embarcarse en una hipoteca y que llevaba muy ajustados los ingresos frente a los gastos, por lo que no se puede hacer cargo de las cuotas, comenta Enrique Méndez, gerente de SIC.

La morosidad va por barrios

En Consulting Mixto Calidad y Gestión también hacen saber de la existencia de personas que intentan no dejar de pagar sus cuotas hasta que llegue el momento en el que no resisten más. Además, José Manuel Maquieira, uno de los socios de la empresa, aporta un dato interesante: la morosidad en el centro de Pontevedra no es mucha pero se incrementa en zonas "desfavorecidas" como Monte Porreiro, donde hay edificios en los que más de la mitad de los pisos tienen a todos sus miembros en el paro.

La existencia de uno o varios morosos en la comunidad afecta directamente al resto de vecinos que ven tienen que ingeniárselas para poder salir del paso y mantener los servicios que tienen contratados asegurando así un funcionamiento normal del edificio. Una de las opciones más recurrentes para combatir los gastos que genera la morosidad dentro de una comunidad es incrementar las cuotas de los vecinos que sí las pagan o recurrir a cuotas extraordinarias, ya que en ocasiones hay obras que es imprescindible llevar a cabo, haciendo de esta manera que el peso de la comunidad recaiga sobre ellos. En ocasiones también se recurre a la supresión de algunos servicios como pintar o se ejecutan estos trabajos por parte de los propios propietarios, buscando así medidas de contención de gasto. Como comentan en CMC gestión en los edificios que cuentan con dos ascensores se suele proponer que solo uno de ellos se mantenga en funcionamiento. Además, la mayoría de las administradoras de fincas recalcan que antes de eliminar ningún tipo de servicio se intenta negociar con los proveedores. Estas negociaciones se dan de formas muy distintas, en Terranium comentan que estas negociaciones se dan para que siga existiendo el servicio que ofrece el proveedor pero a otro costo o a menor calidad. Sin embargo, en CMC intentan negociar a la baja con los proveedores y la bajada de calidad en los servicios es uno de sus últimos objetivos, en esta administración intentan hacer ver a los abastecedores que las comunidades no son capaces de pagar sus servicios y que necesitan una bajada en los precios.

Los bancos

A veces se escapa del ojo humano que la morosidad no siempre proviene de los ciudadanos de a pie. José Manuel Esperón, administrador de Reyes Administración de Fincas, indica que en ocasiones los pisos que tienen deudas con las comunidades de vecinos no pertenecen a personas individuales sino a entidades como bancos, que pese a su solvencia son reacios a pagar pero terminan haciéndolo. En SIC comentan que "probablemente la deuda más grande que hay ahora mismo con las comunidades sea de las inmobiliarias de los bancos" ya que el cobro es más complicado al tratarse de empresas de fuera que no cuentan en ocasiones con sedes en la ciudad ni con un rostro visible al que reclamarle la cuantía a deber. Que un banco pague a una comunidad de vecinos lo que le debe es una tarea muy complicada que sin la ayuda de las administradoras de fincas sería imposible de llevar a cabo en la mayoría de los casos. En Reyes Administración de Fincas también aclaran que cuando el piso que tiene una deuda con la comunidad es de un banco la ley establece que la entidad tiene que adquirir la del año vencido y la de la anualidad corriente.

Los juzgados se llenan de procesos monitorios que pueden complicarse cuando hay trabas superiores

Mientras en los edificios el día a día se afronta como se puede la batalla sale de los rellanos y se continúa librándose en los juzgados. En CMC se pretende que la vía judicial sea la última de las medidas que se adopte e intentan conciliar plazos de pago y dar las máximas posibilidades y ayudas a través de los servicios sociales, pero estos piden muchos requisitos para poder obtenerlas y hacen que el acceso sea muy complicado, según comenta la administradora de fincas. En Terranium destacan que "casi cualquier morosidad hoy en día acaba en los juzgados". Los procesos monitorios, que se han agilizado bastante en los últimos tiempos, pueden tardar desde 4 meses, que es lo que dicta la ley, hasta un año si las cosas se complican. Su media de resolución se sitúa en 8 meses, aunque depende del juzgado en el que se lleve a cabo y del importe que se tramite. El problema en la tardanza de resolución de estos procesos para Enrique Méndez, gerente de SIC, es que "muchos morosos ya están siendo reclamados por otras cuestiones y saben cuáles son las pautas a seguir, como no recoger la documentación y esperar a que se publique". De la misma forma que sube el número de morosos también sube el número de juicios monitorios, en Nos Administraciones comentan que pueden llegar a tener más de 30 juicios de este tipo al año. En SIC los datos son similares ya que en el último año han tenido que acudir al juzgado unas 20 veces cuando antes de la crisis en CNG Administración de Fincas tenían un juicio cada 2 o 3 años mientras que ahora tienen tres al año.

Antes de llevar las deudas ante el juez se le suele dar al moroso un plazo voluntario para que se acerque a las oficinas que administran su edificio a pagar su deuda. En el caso de que no lo haga se pasa a un acto de conciliación con el deudor y si a través de este no se llega a acuerdo la administradora no tiene más remedio que iniciar el proceso monitorio con todo lo que ello conlleva. En la mayoría de las ocasiones son las comunidades las que ganan los procesos judiciales pero la ejecución de la sentencia se complica cuando el moroso se declara insolvente. En este tipo de casos Reyes Administración de Fincas apunta que "te encuentras con un problema a la hora de ejecutar que e incluso puedes llegar a tener trabas superiores como créditos hipotecarios". Pero aún así en Terranium comentan que es más fácil cobrar la deuda una vez ganado el juicio a los propietarios individuales que a las grandes promotoras y bancos. Miguel Ángel Cespón, gerente de Casorale, explica que los juicios hasta 2.000 euros están exentos de tasas judiciales y cuando se supera esa cuantía hay que abonarlas. Sin embargo, las comunidades están dispuestas a acudir a los juzgados a reclamar el dinero que se les debe para que el edificio pueda continuar teniendo un funcionamiento normal. Debe tenerse en cuenta que las comunidades de vecinos tienen sus propios seguros y que algunos de estos cubren los juicios monitorios y ciertos tipos de reclamaciones, por lo que los vecinos acuden a los juzgados con más seguridad y sin el riesgo de perder aún más dinero del que se les adeuda para reclamar lo que han puesto de sus bolsillos.