"Solo nos queda la movilización social". Así justificaba ayer el alcalde, Miguel Fernández Lores, su apresurada convocatoria de una manifestación ciudadana de apoyo a los afectados por las preferentes para el próximo 10 de mayo, apenas una semana antes de otra prevista con el mismo motivo, en Cangas do Morrazo. Esta marcha impulsada por el regidor pontevedrés responde a la decisión del Ministerio de Economía de cancelar una reunión de su secretario de Estado Fernando Jiménez Latorre con el propio alcalde para abordar, el próximo día 13, esta polémica. A esa reunión Fernández Lores pretendía acudir acompañado de algún representante de la plataforma Pontevedra-Marín de afectados.

La cita había sido confirmada oficialmente el pasado 25 de abril, con hora y lugar, pero apenas seis días después una llamada telefónica anulaba ayer el encuentro. "Ni se aplaza ni se traslada de día, simplemente se cancela, sin razón alguna", explicaba ayer un Lores visiblemente molesto con la suspensión, aparentemente relacionada con la presencia en esa reunión de algún afectado. Su enfado le llevó a convocar de inmediato la manifestación del viernes día 10, ya consultada con los afectados y con sus socios municipales del PSOE, y a acusar al Ministerio de Economía que dirige Luis de Guindos de "tener decidido no atender la demanda razonable de las víctimas de esta estafa", que es que les devuelvan la totalidad de sus ahorros.

"Es una absoluta falta de respeto institucional, una tomadura de pelo porque hace menos de una semana estaba todo confirmado y ahora cambian de opinión", insiste. Lores reprocha al ministerio este "comportamiento cruel de no atreverse ni a verle la cara a los afectados. No atienden a razones y cierran las vías que nos quedan, por lo que solo tenemos la movilización social".

Aunque la marcha del día 10 está prevista principalmente para mostrar el apoyo ciudadano a los afectados por las preferentes, Lores quiere que tenga un ámbito comarcal (ya se ha hablado con algún alcalde de la zona) y que la calle exprese también su malestar a "esta política de la Xunta, del Gobierno central y de la Unión Europea que consiste en robar a todos los ciudadanos para engordar a los de siempre, entre ellos los bancos, una política que hay que parar, hacerle frente".