Alternativa Galega de Esquerdas reclama el cumplimiento real de la sentencia que ilegaliza el trazado ferroviario a nivel, lo que supone dos consecuencias: el soterramiento de las vías y el reconocimiento de que el trazado actual ocupa una plaza pública "para el disfrute de los ciudadanos". Para Juan Fajardo, parlamentario de AGE, el asunto de Placeres es un ejemplo de "corrupción política", en el que la Administración pública ha actuado "en contra de los vecinos, incumpliendo sentencias y provocando a los ciudadanos unos gastos en dinero y en tiempo durante 13 años para reclamar que se cumpla la ley; eso es una Administración que funciona de forma corrupta", afirmó Fajardo, que entiende el objetivo político de llevar el proyecto adelante pese a la ley como "un entramado para beneficiar a ciertas personas que sacan beneficio de todo esto".
