Pontevedra y Xunta discrepan sobre la validez del Plan del Puerto para legalizar sus rellenos

El Concello de Pontevedra, a través de su concejal de Infraestructuras, César Mosquera, dijo ayer tener serias dudas ante la posibilidad de que la publicación del nuevo Plan Especial del Puerto permita resolver la actual situación de inseguridad jurídica en la que quedan los terrenos portuarios tras el auto del TSXG que emplaza a demoler casi 300.000 metros cuadrados de rellenos declarados ilegales.

Mosquera insistió ayer en que desde el Concello de Pontevedra se advirtió desde un primer momento de la posibilidad de que la Justicia tumbase los planes especiales anteriores. "Por decir esto nos cayeron palos desde todos los lados, acusándonos de que lo que queríamos era entorpecer el desarrollo del Puerto", añadió. Insistió en que "en esta cuestión especialmente sensible por todo lo que significa el Puerto, nuestra intención no fue nunca estar en contra de su desarrollo sino advertir de que algo estaba mal hecho".

Ahora considera que el planteamiento de la administración autonómica mediante el cual el nuevo Plan Especial resolverá los problemas de inseguridad jurídica de la rada puede no resultar acertado, ya que modificaciones anteriores ya fueron rechazadas por los tribunales. Muy al contrario, señaló que existe jurisprudencia en la que los magistrados advierten de que maniobras como esta podrían ser interpretadas por los jueces como un intento de incumplir las sentencias.

La Xunta de Galicia reiteró ayer a través de un comunicado que el Plan Especial del Puerto "es un documento necesario para la ordenación urbanística del sistema general portuario, que incluye, entre otras determinaciones, las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión con los sistemas generales de transporte terrestre". Como consecuencia de la situación derivada de la anulación del Plan Especial en el caso de Marín, se impulsó la tramitación de un nuevo documento, tarea que le corresponde a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.

De esta forma, se inició la tramitación de la evaluación ambiental, aprobada inicialmente en agosto del pasado año, tras ser sometida a información pública. Desde la Consellería de Medio Ambiente explican que "este mismo mes de marzo se emitirá la memoria ambiental y, después de las preceptivas consultas públicas y de la emisión de los informes sectoriales, está prevista la aprobación definitiva del Plan para el próximo verano".

La Xunta sostiene que "la aprobación definitiva del documento del Plan Especial permitirá la aplicación de una normativa que ofrezca seguridad jurídica en el desarrollo de la actividad portuaria y solucionará el problema planteado con el relleno".

Cabe recordar que el TSXG instó a la Autoridad Portuaria, en un auto que se dio a conocer el pasado fin de semana, a que en un plazo de 20 días informe al tribunal de los pasos que ha dado para cumplir la sentencia que obliga a demoler los 300.000 metros cuadrados de rellenos considerados ilegales, así como las edificaciones que los ocupan.

Pese a las dificultades y a la inseguridad jurídica que afecta a los terrenos portuarios, desde el Concello de Pontevedra lamentan que no se impulse el denominado "puerto seco" por el que también se apuesta desde la capital.