La construcción del parque de bomberos de Pontevedra fue el detonante que condujo a los momentos más tensos entre ambos municipios. Algo que llegó hasta una demostración de fuerza por parte tanto del gobierno de Rivas Fontán como del de Rey Fonseca. El regidor de Poio envió en su momento a los tres agentes con los que contaba la Policía Local para ordenar que se impidiesen las obras de este complejo. El de la capital hizo lo mismo para garantizar que se pudiesen desarrollar con normalidad. La diferencia es que desde este último municipio se envió a toda la plantilla de agentes, medio centenar.
La insólita situación dio paso a una solución también inesperada y que los medios de comunicación recogieron, incluso en directo por parte de la radio. "Que lo arreglen los jefes", dijeron los responsables policiales al verse ante un panorama para el que nadie les había preparado. Fueron los mandatarios municipales los que volvieron a tomar cartas en el asunto para enfriar los ánimos y llegar a puntos comunes que permitiesen desarrollar la obra.
Las dudas legales sobre a quién pertenece esta lengua de terreno que comprende desde el trazado por el que iba la antigua vía del tren hasta el río Rons han llevado a que Poio y Pontevedra hayan tenido más roces urbanísticos. El primeros de los ayuntamientos recurrió el PXOM de la capital, ya que éste ordenaba también urbanísticamente la zona.
La construcción de la comandancia de la Guardia Civil también obligó al entendimiento entre administraciones. Poio favoreció finalmente la instalación del cuartel, pero a cambio de que todos sus tributos revertiesen sobre sus arcas municipales.
