La Junta de Gobierno del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra mostró su "rechazo frontal" al Proyecto de Ley de Tasas Judiciales que el Gobierno ha presentado en el Congreso de los Diputados y que ya ha comenzado su tramitación parlamentaria ante el estupor de estos profesionales.

Los abogados pontevedreses lanzan además una advertencia a la población al entender que este proyecto legislativo "limitará de forma manifiesta el acceso a la Justicia de la mayor parte de la población", especialmente de los sectores más desfavorecidos, pero también de gran parte de la clase media que se encontrará con una "barrera" a la hora de acceder a la administración de Justicia.

Desde el Colegio de Abogados están analizando la adopción de medidas para mostrar su rechazo a esta reforma legislativa y conseguir que el proyecto no sea aprobado. Para los letrados pontevedreses, la medida que impulsa el ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón es "un nuevo peaje de todo punto innecesario y discriminatorio que solo persigue recaudar y apartar a los ciudadanos de clase más modesta del ejercicio de sus derechos". "¿Quién recurrirá una multa de tráfico de 200 euros, por ejemplo, si tiene que pagar una tasa de 101 euros?, ¿quién recurrirá una sentencia a la Audiencia Provincial si tiene que abonar una tasa de más de 800 euros?", se preguntan. Creen que la aprobación de la Ley "pondría en riesgo derechos del Estado social y democrático de Derecho que se han ido conquistando por los españoles desde la aprobación de la Constitución de 1978".

Una de las cuestiones que más preocupa al Colegio del que es decano Ramón Jáudenes es la Justicia Gratuita. El Gobierno justifica el proyecto de ley en sustentar los gastos que genera actualmente este servicio, sin embargo, "la Justicia Gratuita apenas representa un 6,5% del gasto en Justicia, afecta al corazón del Estado de Derecho" por lo que "debería ser financiado desde los Presupuestos y no a través de tasas especiales". "Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y no puede impedirse ese acceso por medio de un sistema de tasas que perjudica a quienes tiene menos medios económicos". Cabe recordar que solo tienen acceso a la Justicia Gratuita aquellas personas que se comprueba que carecen de recursos. Los abogados advierten que el Gobierno también está preparando una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita que "solo exonera del pago del 80% de la tasa judicial a los beneficiarios de la Justicia Gratuita". Aunque reconocen que la regulación de este servicio puede ser mejorada, y para ello se ponen a disposición del Gobierno, los abogados insisten que el gasto en Justicia Gratuita no es excesivo (solo un 6,5% del gasto en Justicia) y además se trata de una "inversión en paz social".

Según el Colegio de Abogados, el Gobierno también utiliza el pretexto de evitar la elevada litigiosidad en los juzgados para imponer estas tasas. "La forma de evitar ésta no es poner barreras en forma de tasas para acceder a la Justicia", explican. "Desconoce el Gobierno y quienes defienden las tasas como medio para impedir el acceso a los tribunales que casi el 50% de los conflictos no se judicializan, pues se solucionan en los despachos de los abogados", añaden.

Advierten los letrados que las tasas se extienden a todos los órdenes jurisdiccionales, salvo el Penal. Un proceso monitorio (por ejemplo, una comunidad de vecinos que reclama una deuda a un propietario) puede suponer un desembolso de 1.000 euros, o recurrir en el orden Social al TSXG supone una tasa de 500 euros. El "peaje" para llegar al Supremo costará un mínimo de 1.200 euros, algo que el Colegio no duda en calificar de "despropósito".